Un déficit financiero crónico, aunque en baja, una deuda nominada en parte en dólares y cuyos principales vencimientos operan desde 2024 y vencimiento de Letras del Tesoro por más de 6 mil millones de pesos entre febrero y marzo próximo, serán sólo alguno de los desafíos que tendrá que afrontar Daniel Passerini a partir del 10 de diciembre próximo.
Martín Llaryora logró mejorar las cuentas públicas y reducir la participación relativa del gasto en personal respecto a las erogaciones totales, además de acordar un mecanismo de actualización salarial que consiguió apaciguar un frente con el Suoem que tuvo en jaque a las últimas administraciones municipales.
En paralelo, Llaryora puso especial énfasis en el programa de obra pública y en la descentralización de la comuna y en procesos de digitalización y simplificación de diferentes trámites.
Ese será el contexto que heredará el próximo intendente.
Claro que hay múltiples desafíos más, algunos de la propia gestión y otros que dependerán de la evolución de la macroeconomía a nivel nacional.
El tema seguridad se planteó como uno de los ejes de campaña de todos los candidatos y las propuestas fueron variadas. No obstante, la mayoría coincidió en que el municipio debía involucrarse en el tema, situación que nunca antes se había discutido.
Por lo demás, Llaryora tuvo una ventaja respecto a sus antecesores, al menos los inmediatos: gobernó la ciudad con una administración provincial afin desde lo político.
El aporte económico de Juan Schiaretti fue una de las claves del avance del plan de obra pública de Llaryora. En ese sentido, ahora con Passerini electo como intendente, la afinidad política entre ambas administraciones será clave para el tandem en las dos administraciones.
Más allá de esos puntos, las políticas básicas de un intendente como las obras de saneamiento -cloacas, desagues- pavimentación y bacheo, luminarias, control del tránsito, entre otras, son elementos en común a cualquier autoridad.
Párrafo aparte para las políticas ambientales. El actual intendente avanzó en acciones concretas, entre ellas la separación de residuos y una puesta en marcha de una economía circular que deberá convertirse en política de Estado.
Finalmente y no menos importante, el vencimiento de los contratos con las prestatarias del transporte urbano, en marzo de 2024, deberá ser resuelto por el futuro intendente.
Mientras, no habrá que perder de vista el esquema de recolección de residuos cuya concesión aún tiene años por delante.