Los alquileres subirán 40%: los inquilinos “la van a pasar mal”

El jueves próximo ocurrirá la primera aplicación de la nueva fórmula de indexación de contratos y el índice que publica el Banco Central marcará una cifra “nunca vista en la historia”

A poco de cumplirse un año desde su implementación, el sector inmobiliario está impulsando cambios en la Ley de Alquileres que está vigente desde julio del año pasado y que estableció un plazo mínimo de tres años para los contratos y la actualización anual según la variación de un índice que combina inflación y salarios en partes iguales. En el Congreso ya fueron presentados tres proyectos que quieren introducir modificaciones a esos puntos, aunque hasta el momento no llegaron a ser debatidos.

«Lo dijimos en su momento, lo advertimos y hoy lamentablemente vemos que teníamos razón. Con la nueva Ley de Alquileres armaron un desastre. No se tendría que haber aprobado y ahora hay que enfrentar las consecuencias. Por supuesto que debe ser modificada», señaló Virginia Manzotti, titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios. 

Los dos puntos señalados, el plazo de 36 meses de vigencia de los contratos de alquiler, y la indexación por el coeficiente que se compone en 50% por el avance del Ripte (índice de salarios) y el otro 50% por el índice de precios al consumidor, son los ejes de la polémica. El primero fue largamente debatido en el Congreso hace un año: «En un país como la Argentina, con los vaivenes económicos que tenemos, es impensable un plazo de tres años», advierten desde los colegios profesionales de la actividad. El segundo fue largamente festejado por las organizaciones de inquilinos, contra la advertencia de los inmobiliarios, señalados como parciales y pro propietarios por parte de las organizaciones de inquilinos.

«Hoy, con la escalada inflacionaria y su reflejo en paritarias, estamos en un nivel de actualización de contratos del 39,6%. Al primero de julio el índice legal de actualización será entre 40% y 42%. Es algo nunca visto. Nunca en la historia se trabajó con esa tasa y eso que hemos tenido inflación altísima, de hasta más de 50% y nunca los alquileres superaron el 30% o 35% de actualización», advirtió Manzotti. 

Esta situación es la que está trayendo dolores de cabeza a algunos legisladores que el año pasado votaron la Ley de Alquileres. «Estamos muy preocupados por los inquilinos. La van a pasar mal. Realmente nos preocupa porque esto va a traer consecuencias», anticipó.

A partir del mes próximo comenzará a aplicarse, por primera vez, la nueva fórmula de indexación de los alquileres. Para saber qué incremento deberá aplicarse a los pagos mensuales inquilinos y propietarios deberán consultar el Índice para Contratos de Locación (ICL) que publica diariamente el Banco Central en su web oficial.

La entidad señaló que la actual ley «perjudicó a todos por igual, inquilinos y propietarios» y que al día de hoy muchos propietarios «decidieron sacar sus propiedades de la locación para ponerlas en la venta». Según datos de la plataforma inmobiliaria Zonaprop, el volumen de avisos de departamentos y casas en alquiler en todo el país hoy es un 28% menor al volumen registrado en junio de 2019, y -si se toman en cuenta sólo los avisos de departamentos y casas con precio en pesos- la caída de volumen es de 40% respecto a hace dos años. 

“La comparación correcta debe hacerse versus el mismo período de 2019, dado que 2020 fue extremadamente atípico no solo por la Ley de Alquileres, sino porque, previo a la ley, en los meses de abril, mayo y junio el volumen de avisos estaba muy afectado por la cuarentena extrema”, explicaron desde la plataforma.

La propiedad privada, en riesgo

El colegio participó en las últimas horas de una reunión de la confederación de colegios inmobiliarios, Cofeci, con diputados nacionales del PRO, para expresar su «asombro y profunda preocupación profesional sobre las intenciones del Gobierno Nacional de avanzar sobre la propiedad privada y seguir interviniendo en el sector».

El pronunciamiento de la Cofeci, plasmado en un comunicado distribuido en los colegios de todo el país, aludió a la reciente aprobación de una ordenanza municipal en Avellaneda (Buenos Aires), que declaró sujetos a expropiación los terrenos «baldíos o en desuso» y que serían utilizados por sus propietarios para la especulación, cuando ese distrito los requiere para uso social, esto es la construcción de viviendas y la solución al déficit habitacional del distrito.

Avellaneda es territorio del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien fue su intendente y sería el factótum del proyecto, al cual apoyó luego. Esto es lo que apuró a los profesionales a advertir contra «la intención del gobierno nacional de avanzar sobre la propiedad privada, que implicaría las restricciones al Derecho de Dominio de los particulares, causando además un desaliento a la actividad privada».