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El Gobernador y el Intendente insisten en que sostendrán el ritmo de obra pública y la inversión en sectores claves. Sin embargo, fuentes de ambas administraciones admiten que los presupuestos ya aprobados para 2024 fueron elaborados con pautas macroeconómicas giradas por Sergio Massa al Congreso, ya desechadas por Milei. ¿Cuáles son los recortes en análisis?
El gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, analizan diferentes planes de ajuste en distintas áreas y eventuales alternativas para sostener el financiamiento de gastos claves, en el marco de un panorama económico ciertamente sombrío para los próximos meses.
Hay un dato que es ineludible: más allá de los anuncios y promesas de, por ejemplo, sostener el ritmo de obra pública y demás erogaciones, los presupuestos que tanto la Legislatura como el Concejo Deliberante aprobaron oportunamente fueron elaborados con pautas macroeconómicas que figuraban en el proyecto de Presupuesto enviado por Sergio Massa al Congreso el 15 de diciembre.
Ese proyecto ya fue desechado por el presidente Javier Milei, quien dijo que gobernará reconduciendo partidas con base en el Presupuesto 2023.
Base inconsistente
¿Bajo qué preceptos fueron elaboradas las iniciativas de Llaryora y Passerini? Siguiendo las exigencias de la Ley de Responsabilidad Fiscal que obliga a las provincias y municipios a armar sus presupuestos con base en las variables macro que fija la norma nacional, ahora descartada, tanto el Gobernador como el Intendente gestionarán a partir de pautas diseñadas con base en una inflación estimada de 70%, un dólar a 600 pesos, un crecimiento de la economía de 2,5% y un déficit primario de 1,9% del PIB.
Demás está decir que esos presupuestos no se cumplirán en 2024.
De esta manera, todo el andamiaje de gastos e ingresos de los presupuestos provincial y municipal para el año próximo, carecen de asidero.
Por lo pronto, la inflación será cuanto menos el doble o más, la economía no crecerá y el dólar posiblemente hoy ya se ubique por encima de los 600 que marcaba el proyecto de Massa.
Por dónde ajustar
En ese contexto, Llaryora dijo el domingo, en su discurso de asunción: “Tomaremos medidas que comiencen por la austeridad y por la política, para hacer frente a la caída de los ingresos sin que ello implique desinvertir en áreas sociales claves del Gobierno”. En ese marco, dijo que el Ejecutivo tendrá sólo 14 ministerios.
En paralelo, “se congelarán las vacantes en el Estado, excepto aquellas que tengan que ver con servicios esenciales, salud, educación y seguridad. Y, además, vamos a imponer reducciones en los haberes del gobernador y vice y los funcionarios políticos”.
Concretamente, la rebaja será de 25% para el Gobernador y la vicegobernadora, 15% para los ministros y 10% para los funcionarios políticos. Pidió que esa conducta también sea replicada por el resto de los poderes del Estado.
Todo un gesto que -sin embargo- poco aporta a la reducción del gasto en el contexto general y con una recaudación que de seguro se mantendrá en baja en términos reales y, particularmente, con una coparticipación que tras los cambios en el impuesto a las Ganancias, viene mostrando una caída a valores constantes por demás preocupante.
Milei ya dijo que no habrá compensación con la coparticipación de otros impuestos como el Cheque o el impuesto PAIS.
En la práctica, hay que arreglárselas con lo que hay.
El tema es que con la dinámica de gastos dispuesta en el Presupuesto, los ingresos no alcanzarían para cubrir las previsiones en materia de inversiones y erogaciones en general.
De acuerdo con el presupuesto de la Administración Pública No Financiera (APNF), esto es la Administración General más la Caja y las agencias, prevé ingresos totales para 2024 por $5.059.989 millones, de los cuales, $4.970.661 (98,2% del total) corresponden a ingresos corrientes mientras que los restantes $89.328 millones (1,8% del total) corresponden a los ingresos de capital.
Los gastos totales se estiman en $5.189.573 millones para el ejercicio 2024, de los cuales,
$4.487.519 millones corresponden a gastos corrientes mientras que los restantes $702.054
millones corresponden a los gastos de capital.
En términos de montos presupuestados, se desglosan por órden de importancia en los gastos de consumo ($2.404.252 millones), las transferencias corrientes ($1.024.458 millones), las Prestaciones de la Seguridad Social ($966.910 millones) y la Inversión Real Directa (IRD) ($423.327 millones), entre otros.
De esta manera, el proyecto de Presupuesto 2024 arroja un resultado corriente de $483.142 millones en el caso de la APNF.
Por su parte, el resultado financiero consolidado presupuestado es deficitario en
$129.584 millones.
Es evidente que el primer ítem a recortar es habitualmente la obra pública. Hasta ahora se venía financiando principalmente con ahorro corriente.
Sin embargo, ante el nuevo escenario, difícilmente se puedan usar esas partidas para atender el plan de infraestructura.
Como alternativa queda el fondeo externo de, por ejemplo, fondos árabes o algún organismo multilateral y no mucho más.
La otra es consolidar deuda y pagar con bonos a los contratistas, situación que ya ocurrió al comienzo de la última gestión de Schiaretti. También la posibilidad de habilitar al Banco de Córdoba para que pague las certificaciones de obra a las empresas, previo otorgamiento de un crédito a esas compañías que sería cubierto por el Gobierno.
Ese mecanismo también se utilizó en varias ocasiones.
La más sencilla y también en parte probable es una ralentización de los proyectos en marcha y la demora en el inicio de otras.
Salarios
Otro frente clave es el salarial. Las erogaciones en personal representan un tercio del total de ingresos de la Provincia.
¿Podrá Llaryora mantener la cláusula gatillo que acordó Schiaretti con los gremios estatales hasta enero inclusive?
Milei ya dijo que, en un contexto de estanflación habrá una caída del salario real. Habrá que ver qué postura adoptan los gremios estatales ante un replanteo de la paritaria por parte del gobernador.
¿Cuasimonedas?
En ese contexto, en las últimas horas volvió el rumor que se acrecienta cada vez que recrudece la crisis: la emisión de cuasimonedas por parte de las provincias.
Sería la última alternativa aunque siempre está latente. En todo caso habrá que esperar la evolución de la situación del país y su impacto en la Provincia.
La Caja, clave
Por lo demás, será clave que Llaryora consiga que la Nación regularice la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones que este año tendrá un rojo superior a 100 mil millones de pesos de los que Anses sólo pagará unos 12 mil millones.
Hay un juicio ante la Corte Suprema por el tema. Con todo, la llegada de Osvaldo Giordano a la Anses abriga esperanzas de que la Nación cumpla con el compromiso del Presupuesto 2023 y cubra el rojo. De no ocurrir esa alternativa, el déficit se disparará aún más en 2024 y sin mayor aporte de Anses, la situación será un escollo insalvable para la Provincia.
Subsidios
El tema de los subsidios al transporte es otro potencial frente para la Provincia y también para el municipio. La casi segura quita de los aportes nacionales, que -también seguramente- no será de manera plena sino gradual y en un plazo que durará pocos meses hasta su desaparición, obligará a las provincias a pagar la diferencia o, en caso contrario, trasladar los mayores costos a las tarifas, de por sí elevadas.
La deuda
Finalmente y no menos importante es la deuda que la Provincia debe atender en 2024. Tal como informó Comercio y Justicia, son 1.052 millones de dólares entre capital e intereses.
Con una casi segura devaluación, el esfuerzo para atender esos vencimientos será decididamente oneroso, al punto tal que desde el propio Ejecutivo admiten que podrían avanzar en un pedido de extensión de plazos a los acreedores de los bonos emitidos oportunamente y cuyos vencimientos operan en 2024, siempre de manera voluntaria.
La situación de “la muni”
En cuanto a la Municipalidad de Córdoba, si bien ya tenía pautado un rojo financiero para 2024, era el menor en los últimos años.
Una de las ventajas que tiene la comuna respecto a la Provincia, es que la mayor parte de la recaudación es propia y no depende tanto de la coparticipación como sí la administración Llaryora.
Por lo demás, el gasto salarial también será un frente complejo al igual que los planes de obra.
Juraron los nuevos ministros
El gobernador Martín Llaryora tomó ayer juramento a los nuevos ministros del gabinete provincial.
Asumieron, en Salud, Ricardo Pieckenstainer; como ministro de Bio Agroindustria, Sergio Busso; en la titularidad de Infraestructura, Fabián López; en Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; en Desarrollo Social, Laura Jure, y en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill.
En la ciudad de Río Cuarto, capital alterna de la Provincia, el Gobernador también anunció los decretos que designan a Agustín Calleri al frente de la Agencia Córdoba Deportes y a Manuel Ron en la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, ambos de la ciudad del sur provincial.
