Llaryora pisó la obra pública, ajustó el gasto corriente y logró un superávit financiero récord

Los ingresos totales subieron 166,5% mientras que los gastos totales aumentaron 138%, en ambos casos muy por debajo de la inflación. Hubo un fortísimo ajuste en la ejecución de obras cuya inversión apenas subió 23,9% nominal. Ese dato, sumado al particular cuidado de las erogaciones corrientes, resultó en un superávit financiero 508% mayor a 2023. ¿Cómo evolucionó la deuda?

El Gobierno de Córdoba cerró el primer semestre con un superávit financiero de 596.514,3 millones de pesos para el consolidado de la Administración Pública No Financiera (APNF) 508,1% superior a igual período del año pasado.

A tenor de esa cifra, los datos reflejados en la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, mostrarían una situación de las cuentas públicas sin sobresaltos y alejadas del contexto crítico por el que atraviesa la economía en el país.

Sin embargo, el contundente aumento del superávit financiero es el resultado de una serie de ajustes en diferentes partidas, principalmente en la Inversión Real Directa (IRD). Efectivamente, la administración de Martín Llaryora, pese a su permanente arenga sobre las políticas de Córdoba de sostener la obra pública, chocan con los números oficiales.

Según los datos oficiales, la IRD al 30 de junio fue de 172.708,8 millones de pesos, apenas 23,9% superior a igual período de 2023.

“Es cierto que la base de comparación del año pasado puso la vara muy alta. Fue un año electoral y la explosión de obra pública era evidente”, recordó a este medio una fuente de una contratista.

De todas formas, el informante dijo que lo poco que se está ejecutando se paga en tiempo y forma y que hay promesas de nuevas obras para la última parte del año.

También hubo un control del gasto corriente que permitió mantener el ahorro corriente que fue de 801.989 millones de pesos, 231% mayor a un año atrás, de todas formas inferior a la inflación interanual.

Ese ahorro fue producto de ingresos corrientes por 3,34 billones de pesos, 166,2% mayor a un año atrás frente a gastos corrientes por 2,54 billones de pesos, 150,9% superior a 2023. En ambos casos muy por debajo de la inflación.

En el caso del gasto, las erogaciones en personal fueron de 1,06 billón de pesos, 175,1% mayores a 2023 y casi 100 puntos por debajo de la inflación minorista.

El dato muestra que Llaryora y en particular el equipo encabezado por Guillermo Acosta, tuvieron particular cuidado en que, frente a la baja de la recaudación, los gastos corrientes no fueran mayores para sostener un ahorro corriente que siempre fue puntal de la gestión, tanto de Juan Schiaretti como ahora del actual gobernador.

Finalmente, los ingresos totales fueron de 3,37 billones de pesos, 166,5% superiores a un año atrás y los gastos totales llegaron a 2,78 billones de pesos, 138% mayores a 2023.

Los porcentajes de incremento, todos muy por debajo de la inflación, dejan en evidencia que hubo un fuerte ajuste del gasto para evitar caer en rojo, ante ingresos que sintieron el impacto de la crisis.

¿Qué hicieron con el superávit?

Si se observa el contundente incremento del superávit financiero de la APNF, la pregunta obvia es qué hizo Llaryora con esa plata.

Es que el gobernador dijo una y otra vez que no había recursos para mejorar, por ejemplo, los salarios de los estatales más allá de lo permitido por una recaudación real que lleva varios meses en baja.

En ese marco, hay que analizar el denominado “debajo de la línea” que en la cuenta Ahorro Inversión, Financiamiento (AIF), muestra las fuentes y aplicaciones financieras.

En el caso de las primeras, fueron de 429.978 millones de pesos. Ese monto se obtuvo a partir de la colocación deuda por 402 mil millones de pesos. 

En tanto, las aplicaciones financieras fueron de 1,02 billón de pesos.

De ese monto, la mayor parte fue invertida en bancos o en títulos públicos u otros instrumentos. Sólo 165 mil millones de pesos fue a amortización de deuda.

“La lógica apunta a que están haciendo un colchón para atender vencimientos de deuda futuros que, por ejemplo, en 2025 representan un desafío muy complejo, salvo que puedan rollear la deuda”, explicó a Comercio y Justicia una fuente ajena al Ejecutivo pero al tanto de la situación de la Provincia.

En definitiva, hay plata a costa de un fuerte ajuste pero ese ahorro busca colocarse en diferentes instrumentos para, llegado el caso, afrontar obligaciones de deuda o bien un panorama económico que no sea el esperado por el Gobierno nacional.

Deuda

Por lo demás, la deuda de la Provincia de Córdoba alcanzó al 30 de junio a 1,93 billón de pesos, el 92% nominada en moneda dura, principalmente dólares.

El dato no es menor. En marzo, el pasivo era de 1,83 billón, pero el 99% estaba en dólares, euros o dinares kuwaitíes.

La idea del Gobierno es ir cambiando el perfil de la deuda y no quedar tan atado a los vaivenes del mercado cambiario.

Un año atrás, el rojo era de 597,2 millones de pesos, también el 99% en moneda dura. Precisamente, por esa situación es que el pasivo creció de manera exponencial, tras la megadevaluación aplicada por Javier Milei en diciembre pasado.