ESCUCHARJunto al ministro Dujovne, sus pares de Finanzas de los diferentes distritos acordaron una serie de pautas para erogaciones corrientes, nombramiento de personal y deuda. Las que no cumplan las metas estarán limitadas a la hora de gestionar financiamiento, entre otros puntos. La Provincia no tendría mayores restricciones
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares de Economía y Finanzas de 21 provincias alcanzaron un acuerdo para comenzar a controlar el gasto público, durante la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF) que se desarrolló ayer en Mendoza.
El acuerdo incluye una serie de metas fiscales en diferentes frentes.
Las provincias que no cumplan esos objetivos quedarán limitadas para tomar deuda, entre otros puntos.
En ese marco, la Provincia de Córdoba se encuentra entre el lote de distritos que, en función de sus números, por ahora no tendría mayores restricciones, admitieron a Comercio y Justicia fuentes oficiales.
Dujovne y los ministros provinciales coincidieron en la importancia de redactar una propuesta que incorpore una visión superadora de la ley vigente, que tendrá como fin alcanzar el ordenamiento fiscal en el país.
En esa línea, trataron una serie de medidas que se incluirá en el documento que se enviará al Congreso.
Entre los temas abordados, el Gobierno nacional planteó la necesidad de que, en todas las jurisdicciones, el gasto corriente primario permanezca constante en términos reales y que el gasto primario total no crezca más que la inflación hasta el año 2019 inclusive.
“A través del diálogo se ha llegado a un acuerdo que para nosotros es muy importante. El hecho de que la Nación y las provincias podamos comprometernos a metas fiscales exigentes, pero que a su vez tienen en cuenta las distintas realidades, es fundamental. Son metas que, además, permiten que el gasto en infraestructura siga aumentando, que siga mejorando la calidad en la provisión de los servicios públicos en la Argentina”, dijo Dujovne.
Otra de las cuestiones tratadas durante el encuentro fue corregir impuestos distorsivos y reducir la carga tributaria. Para ello, el Gobierno nacional y las provincias se comprometieron a alivianarla sobre la actividad productiva. Durante la reunión del CFRF, los funcionarios analizaron también que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal incluya una propuesta para controlar el incremento del empleo público. La norma establecerá que el personal de planta -nacional, provincial o municipal- no crezca en proporciones mayores respecto al aumento de su población.
Al mismo tiempo, se avanzó en la necesidad de crear fondos anticíclicos fiscales a fin de contribuir al cumplimiento de las metas de equilibrio presupuestario. Esos fondos constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal dé superávit deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. Córdoba ya tuvo un fondo de esa naturaleza, que luego se resolvió desactivar en el marco de la crisis de 2008-2009, cuando se utilizó para diferentes fines.
En esa dirección, también se estudió incorporar pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. El fin de esta medida será que la administración saliente no incurra en gastos -o disposiciones que impliquen donación o venta de activos del Estado- que deban ser afrontadas por las autoridades entrantes.
Por lo demás, también se analizó el límite a la toma de deuda para que el stock del pasivo púbico no represente más de un porcentaje determinado respecto a los ingresos o al Producto Bruto Geográfico de cada distrito.
Esa limitación ya estaba en la ley original pero el cumplimiento de ese artículo específico siempre fue limitado, ya en la gestión de Cristina Fernández.
