ESCUCHAREl Gobierno ratificó que no está en agenda la coparticipación del impuesto PAIS. La oposición dialoguista presiona por lograr fondos extra. En forma paralela, el gobernador Llaryora busca asegurar la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones. El resultado final del debate es una gran incógnita
La Cámara de Diputados iniciará hoy el debate en particular del articulado de la denominada “ley ómnibus”, sesión que se descuenta tensa y sin un resultado definido.
Luego de la maratónica sesión de la semana pasada, en la que el proyecto resultó aprobado en general, el panorama no parece nada claro en función de las diferencias que subsisten entre el oficialismo y la denominada oposición dialoguista.
De hecho, trascendió que el debate podría extenderse por tres días, con sucesivos cuartos intermedios, tal como ocurrió con el tratamiento en general de la norma.
Desde su presentación, en diciembre, el texto perdió más de 300 artículos, lo que implica la mitad de su tamaño.
Pero la configuración definitiva es aún un misterio, ya que siguen trabadas las negociaciones que enfrentan a la Casa Rosada con los bloques de la oposición dialoguista (y en especial a los gobernadores).
El punto principal que distancia a una y otra parte tiene que ver con el reparto de fondos: al quitar del proyecto el capítulo fiscal, el Gobierno advirtió que promoverá un ajuste mayor en fondos destinados a las provincias para compensar las subas de impuestos descartadas. Empezó entonces una batalla abierta que repercute en el Congreso.
Los gobernadores tienen capacidad de hacer naufragar la ley; el presidente Javier Milei puede, en represalia, aplicar “la motosierra” sobre la caja de las provincias.
Esa puja es hoy clave en el marco de la discusión del proyecto y del texto final.
Los puntos en discordia
Si bien son numerosos los temas en los que subsisten las diferencias entre las partes, hay cinco ejes claves en discusión.
El principal hoy tiene que ver con el impuesto PAIS que tiene una vigencia acotada y el Gobierno espera que la ley convalide su validez hasta fin de año.
Los gobernadores se unieron en el reclamo de que la recaudación se coparticipe con las provincias. Desde su creación en 2019 los ingresos por ese tributo van en un 70% al PAMI y la Anses; el 30% restante se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que administran los movimientos sociales.
El pedido de los gobernadores es que ese 30% se reparta entre las provincias. Una de las últimas propuestas fue que se coparticipe el 21% y el 9% se gire directamente al Renabap.
Pero Milei se niega tajantemente, porque insiste en que es un impuesto temporal ligado a la existencia del cepo cambiario y que si lo coparticipa se hará casi imposible eliminarlo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya advirtió ayer una vez más que si la oposición incluye el artículo en la ley el Presidente está dispuesto a vetarlo.
Otro de los puntos conflictivos es el capítulo de las privatizaciones.
El proyecto original de ley disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas.
En las primeras semanas de negociación se retiró de la lista a YPF y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina (la generadora de energía eléctrica que gestiona Embalse, Atucha II y Atucha II).
Antes de llegar al recinto continuó la poda: se quitaron empresas importantes para algunos de los gobernadores aliados, como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, la Fábrica Argentina de Aviones (también con base en Córdoba), Radio Universidad del Litoral (Santa Fe), la aeroespacial Veng, Dioxitek (producción de dióxido de uranio), Fabricaciones Militares y la minera con sede en Catamarca Yacimientos de Agua de Dionisio.
Entre las 27 empresas que quedan en el texto en discusión figuran AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La discusión del articulado no está saldada. El bloque de la UCR reclama que se vote cada empresa por separado. En Hacemos reclaman que los procesos de privatización sean revisados por una comisión bicameral del Congreso. Si Milei se niega, los opositores podrían reclamar que haya una ley específica para convalidar cada venta, algo que podría contar con el apoyo del peronismo.
En paralelo, el capítulo referido a las facultades delegadas sigue generando diferencias.
Los diputados limitaron las pretensiones originales de Milei de declarar la emergencia en 11 materias y tener poderes especiales por dos años, prorrogables por decreto. Se incluirán finalmente cinco emergencias (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa), mientras siguen discutiendo si añaden la de seguridad. El período de delegación será de un año, prorrogable con acuerdo del Congreso.
Los gobernadores recelan también de las delegaciones para manejar 30 fondos fiduciarios, entre los que se incluyen algunos creados para auxiliar obras públicas que están en marcha.
Al mismo tiempo, los contratos de concesiones y de obras forman parte del temario que genera diferencias.
El radicalismo y algunos de los diputados de Hacemos se resisten a otorgarle al Gobierno la facultad para prorrogar, rescindir o directamente anular esos acuerdos.
Quieren que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones, del mismo modo que con las privatizaciones.
El otro punto en discordia es el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Antes de empezar el debate en Diputados, el secretario parlamentario anunció la eliminación del artículo relacionado con el FGS, que declaraba la transferencia al Tesoro de sus activos y establecía que se compensarían los pasivos de las provincias con el organismo previsional.
Es decir, que los flujos hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Con el correr de las semanas se reavivó la discusión sobre ese artículo. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, impulsa reponerlo con una cláusula en la que se disponga la compensación automática para las cajas de jubilaciones provinciales “armonizadas”, como la de su provincia. Santa Fe también apoya la moción. El Gobierno cuenta con esta carta para limar las asperezas que genera el impuesto PAIS.
Por último, los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera son resistidos por diputados que negocian por estas horas con el oficialismo. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso. Milei busca que no rijan para él estos límites.
