Las paritarias de Schiaretti ya quedaron desfasadas: el “gatillo” exigiría $10 mil millones extras

El aumento acordado con los estatales perdió hasta mayo 2,12 puntos porcentuales respecto de los precios. Y la proyección a julio, cuando vence el primer tramo, supone cinco puntos abajo. Acompañar el costo de vida hasta fin de año, estimado en 48%, supondría redoblar esfuerzos, en momentos en que la recaudación comienza a sentir el rigor de la nueva cuarentena [privado]

El acuerdo salarial firmado por el Gobierno de Córdoba con los gremios estatales quedó, a poco de andar, por debajo del incremento de precios minoristas y ya plantea un profundo desafío para la administración de Juan Schiaretti para la segunda mitad del año, en momentos en que la recaudación impositiva comienza a sentir los efectos de la segunda ola de pandemia y la nueva cuarentena.

Efectivamente, tras conocerse la semana pasada que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo alcanzó en Córdoba 3,76 por ciento, la inflación entre febrero y el quinto mes del año llegó a 16,12 por ciento, poco más de dos puntos porcentuales por encima de la paritaria acordada con los gremios, de 10 por ciento en febrero y cuatro por ciento de mayo.

El acuerdo se inició en febrero toda vez que el anterior venció el 31 de enero y totalizó 25 por ciento, más de 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

En definitiva, los estatales iniciaban el año con una erosión en el poder adquisitivo de sus salarios, en rigor prácticamente como todas las ramas de actividad que acordaron paritarias el año pasado.

La idea explicitada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, era que este año los salarios recuperaran poder de compra luego de tres años. Pero hasta ahora el panorama no parece ir en esa línea.

De hecho, si la inflación se sostiene en junio y en julio en el tres por ciento mensual, el acumulado entre febrero y julio llegará a 23,2 por ciento, casi cinco puntos porcentuales por encima de 17,5 por ciento convenido con los gremios hasta entonces.

Será el momento de activar la revisión de cara a la segunda etapa del año.

Sin embargo, una pista posible es observar el acuerdo firmado entre Schiaretti y los docentes nucleados en la UEPC que llega hasta fin de año.

Ese convenio, además del 17,5 por ciento hasta julio, incluye un nueve por ciento en septiembre y otro 8,5 por ciento en noviembre, no acumulativos. De esta forma, a noviembre, la suba llegará a 35 por ciento.

En el penúltimo mes del año habrá una revisión del acuerdo conforme la evolución de la inflación.

¿Habrá gatillo?

En ese marco, resulta inevitable una revisión de lo firmado, a tenor de la dinámica de los precios observaba hasta ahora.

Por un lado, habrá que ver si, en el caso del SEP, que acordó hasta julio inclusive, en agosto habrá una corrección a la suba de los salarios para equiparar a la inflación o al menos recortar parte de lo perdido.

Sin embargo y más allá de que se active esa revisión o bien se decida extender a ese sector de la administración pública el acuerdo de UEPC hasta noviembre inclusive, es seguro que en ese mes las partes deberán renegociar los salarios.

Es que todo hace suponer que entonces la inflación habrá superado el 35 por ciento de aumento logrado en las paritarias hasta entonces.

El único escenario en que se llegaría con una suba de precios similar al aumento porcentual logrado en paritarias por los estatales, es que desde agosto, el IPC se desacelere a 2,5 por ciento mensual hasta octubre inclusive y que en noviembre baje al dos por ciento, todo un desafío para el Gobierno nacional ya entonces en una etapa electoral con las PASO primero y las legislativas en noviembre.

Como fuere, desde la Provincia descartan reactivar la denominada cláusula gatillo que ajusta salarios conforme la inflación. “Habrá revisión en todo caso”, indicaron a Comercio y Justicia .

Los gremios, por su parte, prefieren esperar a que se venza el acuerdo actual, esto es recién el 31 de julio. De todas formas, recuerdan la premisa fijada por el Gobierno nacional: que los salarios este año le ganen a la inflación. Hoy la discusión pareciera centrarse en todo caso en cuánto perderán y en ese caso, que sea menos que años anteriores.

Por lo pronto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que informa el Banco Central en base a datos de consultoras y bancos, estima para 2021 una inflación de 48,3 por ciento.

Una pista respecto a cómo cambió la percepción de los gremios, patronales y del propio Gobierno nacional con relación a la dinámica inflacionaria es la evolución de los acuerdos salariales negociados.

Originalmente y en función de la pauta inflacionaria fijada en el Presupuesto 2021, los precios minoristas debían subir sólo 29 por ciento este año.

La Bancaria fue el primer gremio que cerró acuerdo conforme esa proyección de inflación aunque con cláusula de revisión que por cierto acaba de activarse en las últimas horas. Claro que aquel acuerdo se firmó en enero.

Pero las paritarias que se cerraron luego fueron todas por encima de ese porcentaje. Las últimas incluso superiores al 40 por ciento como la de Camioneros, de la UTA, de las empleadas domésticas e incluso de los trabajadores del PAMI y Anses, dos organismos del sector público, señal inequívoca que el Gobierno espera una inflación muy por encima de la originalmente estimada.

Ingresos inciertos

En cualquier caso, para poder pagar cualquier incremento salarial extra, deberán estar los fondos para hacerlo.

Si bien no hay proyecciones oficiales por ahora, o al menos no que hayan trascendido, una estimación elaborada por Comercio y Justicia supone un costo fiscal anual en torno a 36 mil millones de pesos hasta fin de año, de los cuales 28 mil millones corresponden al aumento del 35 por ciento escalonado acordado por los docentes pero proyectados para todos los agentes públicos. El resto es una proyección si la Provincia tuviera que pagar un incremento que a fin de año orille el 48 por ciento, esto es inflación más algún punto porcentual extra, como para “honrar” la premisa Guzmán de ganarle a la inflación.

En todo caso, cualquier decisión que se tome estará supeditada a la disponibilidad de recursos públicos.

Si bien la recaudación crece en los primeros meses del año de manera contundente y en términos reales, incluso respecto a 2019, en junio ya se percibe una clara desaceleración, según pudo confirmar este año.

En ese contexto, será clave cómo evolucionen la pandemia y la cuarentena que de hecho está exigiendo a la Provincia erogaciones extra para afrontar, por ejemplo, ayudas económicas a sectores críticos. [/privado]