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Argentina es un país corporativista. No es corporativo porque no hay un ordenamiento jurídico que le dé forma legal al rol paraestatal de las corporaciones pero éstas gozan de buena salud. La matriz estatal del peronismo se trata precisamente de eso, de confundir los límites entre lo público y lo privado.
Los ejemplos sobran desde siempre pero se potenciaron con el kirchnerismo, que privatizó el Estado a manos de los grupos que le fueron proveyendo cuadros para ocupar oficinas, direcciones y secretarías. Hoy resulta difícil saber exactamente dónde termina uno y dónde empiezan otros.
Esto no significa que los grupos de la sociedad civil no puedan tener preferencias políticas o trabajar en sintonía con el gobierno de turno -o con el Estado, si son políticas más a largo plazo-. Pero hay una diferencia entre eso y someter la propia organización a los dictados de un partido. Ese corporativismo argentino desnaturaliza el rol de las organizaciones sociales, que pierden el foco respecto a para qué fueron creadas.
Eso es lo que se pudo ver ayer con el comunicado que emitió la CGT para criticar a los políticos… de la oposición. La central obrera, absolutamente alineada con el Gobierno nacional, se expresó en contra de lo que representan Patricia Bullrich, Javier Milei o José Luis Espert, pese a que la primera hace cuatro años que no tiene ningún cargo público y los otros dos nunca han sido parte de un gobierno.
Hay que repasar algunas de las afirmaciones que figuran en el comunicado.
Afirma que: “Frente a este tipo de planteos provocadores y retrógrados, que encienden una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica de nuestra comunidad (…)”. Basta escuchar las declaraciones presidenciales respecto a la justicia o las expresiones que refieren a la oposición como para ver que democracia es un concepto que les resulta esquivo.
Sigue: “(…) ejecutados por quienes -escudados en falsas promesas de modernización- presentan viejas recetas ya fracasadas como el despido arbitrario y masivo de trabajadores y trabajadoras (…)”. La reforma laboral es una necesidad absoluta. La cantidad creciente de trabajadores informales es una muestra de que las leyes laborales de medio siglo de antigüedad no se adaptan a los tiempos de hoy. Incluso intentan disfrazar esos números argumentando que se debe a la gran cantidad que trabaja para el exterior (que es real pero no explica que 80% de las familias tiene ingresos inferiores a $250.000, por debajo de $280.000 de una canasta básica total para una familia tipo).
Agrega: “(…) recortes de beneficios y jubilaciones en el sistema previsional de nuestros adultos mayores (…)”, con jubilaciones mínimas que aumentan por debajo de la inflación y solamente no empeoran por los bonos que otorga el Estado.
Dice: “(…) un desguace interesado del sistema de salud que sólo deterioraría las prestaciones y coberturas médicas actuales, entre otras acciones (…)”, por un sistema de salud que no resuelve los problemas de la gente y en el que las obras sociales son una gran caja para los gremios; “(…) todo esto en medio de amenazas explícitas de violar derechos laborales y garantías constitucionales (…)”, dicen los que apoyaron sin dudar la cuarentena violatoria de los derechos individuales que impuso el Gobierno actual.
Agregan que “(…) todas esas iniciativas colisionan de manera frontal con nuestra férrea determinación de defender el trabajo como valor social esencial para el desarrollo”, pese a que la pobreza está arañando 40%, el salario real sigue cayendo y la inflación en alimentos acumulada en el primer cuatrimestre del año es de 41,1%.
Los sindicatos deben defender a los trabajadores, cosa que parece haberse borrado de la mente de los líderes de la CGT. Hoy están más preocupados por que Massa anuncie su candidatura presidencial que por sostener el nivel de ingresos de los trabajadores formales o de hacer que se blanquee a los informales.
La destrucción del ingreso en todos los segmentos de la sociedad fue posible porque el gremialismo vernáculo se encargó de callar y apoyar al Frente de Todos. Hoy resulta que el problema son los que no gobiernan, no los que lo hacen hace tres años y medio.
En todo el Estado hay algún tipo de acuerdo sectorial que llena de privilegios a los empleados públicos y preserva los intereses de alguna corporación. Hay que desarmar esa matriz de Estado si se pretende recuperar la centralidad de los ciudadanos y los trabajadores, los que han sido abandonados por los que dicen representarlos.
