Las AFJP justificaron el sistema y la oposición exigió controles

Las AFJP reaccionaron con dureza ante la decisión del Gobierno de ponerle fin al sistema de jubilación privada y, a través de un comunicado, realizaron una férrea defensa del sistema de capitalización.
En tanto, los bloques opositores con representación en el Congreso reclamaron mecanismos de control que garanticen la intangibilidad de los fondos transferidos.
Mediante un comunicado, las administradoras sostuvieron que la medida del Gobierno usa como justificativo una situación de coyuntura, como lo es la crisis financiera que afecta a los activos del sistema como a cualquier otro instrumento de inversión, y que no analiza los resultados de largo plazo, ya que eso es lo que debería interesar en la evaluación de un sistema jubilatorio.
Asimismo, advirtieron que la medida desalentará inversiones.

En tanto, el titular de la AFJP Profesión+Auge, Horacio López Santiso, recomendó a los afiliados al sistema de capitalización que se “dediquen a hacerle juicio” al Estado y no descartó que también las empresas y los inversores realicen sus propias demandas.

Más repercusiones

Por su parte, el anuncio generó posiciones dispares entre diferentes sectores, aun sin conocer los detalles del proyecto anunciado.
El radicalismo afirmó que está de acuerdo con la eliminación de la jubilación privada, pero exigió como condición para votar el proyecto garantizar la intangibilidad de los recursos de Anses, y que el oficialismo acepte un amplio debate en el Congreso, sin “apurar” su sanción.
El presidente de la UCR, el senador Gerardo Morales, advirtió además que es esencial la eliminación de los superpoderes contenidos en el Presupuesto 2009, ya que esa facultad posibilitaría el desvío de los fondos de la Anses a otros destinos.

Por su parte, Elisa Carrió reiteró su oposición “absoluta” a la estatización de las AFJP. “Lo que acaba de hacer el Gobierno nacional es generar el acto político de mayor desconfianza hacia el resto del sector económico”, dijo. Por su parte, el ex titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, consideró que se trata de una “decisión profundamente antidemocrática” y que el Gobierno “lo único que hace es fomentar la desconfianza”.
Finalmente, el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, se mostró de acuerdo con ir hacia un sistema de jubilaciones público, aunque reclamó una clara fiscalización.