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La revisión de la deuda “ilegítima” de la dictadura, hoy un trabajo casi arqueológico

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A 40 años del último golpe de Estado, el derrotero del endeudamiento original durante el proceso militar y el desconocimiento de ese pasivo sigue como materia pendiente más allá de los avances en otros frentes.

Por Alfredo Flury – [email protected]

La deuda externa, tanto pública como privada, alcanzaba 8.085 millones de dólares en los meses previos al golpe de Estado de 1976. Siete años después, en 1983, ya con la democracia recuperada, el pasivo se situaba en 45.087 millones de dólares.

Estos datos aparecen documentados en la denominada causa “Olmos”, acción entablada por el periodista e historiador Alejandro Olmos en 1982 que, luego de casi dos décadas de sortear la inacción judicial, terminó con un fallo del juez federal Jorge Ballesteros que comprobó más de 470 ilícitos. Olmos había presentado una querella contra José Alfredo Martínez de Hoz, exministro de Economía, y otros funcionarios del gobierno de facto, por la contratación de la deuda externa, de la que afirmaba se había tomado de manera ilegal.

Si bien Ballesteros determinó, con carácter de sentencia firme, que la deuda externa contraída entonces era “ilegítima y fraudulenta”, la causa no prosperó a tenor de la supuesta prescripción de los delitos. El expediente se remitió entonces al Congreso para que abordara el tema. A la fecha, el caso sigue sin resolución alguna.

“Nunca hubo verdadera voluntad política de avanzar sobre ese frente y, cuando la hubo, se impuso el establisment de turno”, considera hoy Mario Cafiero, exdiputado nacional por Proyecto Sur y dirigente de esa fuerza política en el exespacio UNEN.

Cafiero, al igual que Olmos entonces, es un estudioso del endeudamiento argentino, no sólo durante el proceso sino en los años posteriores.

Su posición es ciertamente crítica desde aquel “desfalco” al pueblo argentino, pasando por las posteriores emisiones de deuda, megacanjes y demás, hasta llegar incluso a las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández y, más acá en el tiempo, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de reconocer el pago a los fondos buitre. Al fin y al cabo, considera, todo fue, de una u otra forma, parte de endeudamientos espúreos y mayormente generados en aquel proceso original impulsado por la dictadura. Sus consecuencias: el negocio de unos pocos y una sangría para todos los argentinos.

Impulsor ferviente del concepto de deuda “ilegítima, ilegal y odiosa”, Cafiero considera no obstante que hoy rastrear aquel pasivo original generado por el golpe protagonizado por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, es “casi un trabajo arqueológico”.

Es que el concepto que impulsó durante todos estos años fue el de desconocer esa deuda, tan bien documentada en la causa Olmos.

Hoy, ese quebranto ya se canceló o bien fue refinanciado en múltiples procesos por medio de bonos que fueron cambiando de titularidad.

Con todo, Cafiero considera que, aun después de 40 años, el esfuerzo quizá no debería centrarse tanto es desconocer aquella deuda, perdida en los laberintos del tiempo, sino en todo caso en determinar las responsabilidades no sólo de militares sino de civiles cómplices y, al fin, sentar un precedente a futuro basado en la trascendencia de aquellos delitos.

Preocupado hoy el gobierno de turno por resolver el último frente abierto desde el default de 2001, el reclamo de los buitres vuelve a poner en debate la necesidad de revisar el proceso de generación de la voluminosa deuda argentina, no sólo para determinar los responsables de eventuales delitos sino para, en función de experiencias pasadas, repensar el futuro de cara a la contracción de nuevos pasivos.

Desde la causa “Olmos”, múltiples procesos judiciales relacionados con posibles delitos en la contratación de deuda han naufragado o siguen inconclusos.

Cafiero fue responsable de parte de esas acciones. La última, presentada el lunes pasado para que se investigue por “usura” al magnate estadounidense y dueño del fondo buitre NML Capital, Paul Singer, a raíz de las “desproporciones que se suscitaron en perjuicio de la Argentina” por el pago de la deuda externa.

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