ESCUCHAREl Gobierno provincial comenzará a rematar bienes de deudores de la Dirección de Rentas con sentencia firme de los juzgados de ejecución fiscal, en una avanzada que no registra precedentes al menos durante la gestión de Unión por Córdoba desde 1999.
La decisión, confirmada a Comercio y Justicia por una calificada fuente del Ejecutivo provincial, fue resuelta en los últimos días y ya está “en proceso de efectivización”, según confió el informante.
En ese marco, Rentas envió un total de 60 mil intimaciones a deudores de diferentes tributos que se encuentran en distintas etapas de ejecución fiscal.
Si bien la medida no tiene directa relación con la ejecución, sí forma parte del plan diseñado por las autoridades que hasta ahora mantenían en reserva.
“Hay un cambio de criterio y queremos enviar una señal clara hacia los deudores”, aseguró la fuente, quien por lo bajo admitió que, la falta de contundencia en esa última etapa, había sido tomada por “norma” por los morosos para no regularizar su situación con el Fisco.
Es que si bien quedaban sentenciados, la falta del “tiro del final”, derivaba en una renuencia crónica al pago.
Pero la situación parece variar decididamente.
Al respecto, trascendió que habría cuanto menos una decena de inmuebles, entre casas y baldíos, a punto de ser rematados.
“Hemos evaluado convenientemente la situación en cada caso y comprobado que no hay familias en estado de carencia que ocupen esos inmuebles”, reveló la fuente, segunda línea del organismo recaudador pero bien al tanto de los movimientos ordenados por el propio ministro de Finanzas, Angel Elettore.
El cambio de política respecto a la ejecución de bienes no escapa a la necesidad imperiosa de fortalecer la recaudación propia en un panorama complicado desde lo fiscal.
En ese sentido, la orden del gobernador Juan Schiaretti fue clara: apuntalar los recursos propios ante la muy probable defección de la Nación en el envío de fondos para Córdoba a raíz de la endeble situación financiera de la administración de Cristina Fernández.
Desde la Casa de las Tejas abonan la hipótesis que, muy posiblemente en 2009, la Nación no suscriba el Programa de Asistencia Financiera (PAF) con Córdoba, no ya por diferencias políticas sino simplemente porque las arcas nacionales no estarán en condiciones de afrontar esa exigencia.
Como fuere, la idea es fortalecer la recaudación doméstica y si bien las ejecuciones en trámite aportarían fondos insignificantes a los efectos de paliar posibles déficits, la señal busca fortalecer un flanco descuidado en los últimos años: los ingresos propios cada vez más escuálidos en relación con los crecientes envíos nacionales.
