ESCUCHARBuscan modificar el criterio de reparto fijado por un decreto de la gestión de Fernando de la Rúa, por el cual el organismo recaudador se lleva 1,9% de la recaudación total. La Corte ya falló a favor de Santa Fe y San Luis. La Provincia interpuso demanda. Con la nueva propuesta, el aporte de los distritos federales sería sensiblemente menor
La Provincia de Córdoba podría recuperar 400 millones de pesos extra al año, que hoy “gotean” a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), si prospera un proyecto para modificar un decreto vigente desde la gestión de Fernando de la Rúa, por el que el organismo recaudador se lleva 1,9 por ciento de la recaudación tributaria total.
La propuesta de cambio será decidida hoy en una reunión entre el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el titular de la AFIP, Alberto Abad, y los ministros de esa área de todas las provincias, entre ellos el de Córdoba, Osvaldo Giordano.
La intención de las provincias, acordada por intermedio de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), es que de ahora en adelante la retención del 1,9 por ciento se aplique no sobre toda la masa de recursos sino sólo sobre aquellos que llegan a las provincias vía coparticipación o bien por medio de otros mecanismos.
La diferencia implicaría para Córdoba unos 400 millones de pesos anuales, según admitió Giordano a Comercio y Justicia. Actualmente, Córdoba aporta unos 1.700 millones de pesos al año, mientras que, de avanzar el nuevo mecanismo de detracción, la obligación se reduciría a unos 1.300 millones.
La propuesta, que viene con el consenso de la mayoría de los distritos, choca sin embargo con las posturas de Santa Fe y San Luis, porque ambas provincias obtuvieron sendos fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia que dieron por caídas las respectivas detracciones que sufrían.
El argumento del Máximo Tribunal apuntó básicamente a que la decisión original estuvo asentada en un decreto y no en una ley, entre otros puntos.
De hecho, desde diciembre del año pasado, ni Santa Fe ni San Luis erogan monto alguno por ese concepto. En realidad, la postura de los diferentes ministros del resto de las provincias apunta a no desfinanciar a la AFIP pero sí a morigerar ese “goteo” y a mejorar los fondos de los gobiernos provinciales.
Por lo demás, resta saber qué hará Córdoba con relación al juicio iniciado a fines del año pasado por ese concepto, que también está radicado en la Corte.
Según pudo conocer este medio, el tema está siendo motivo de análisis en la Fiscalía de Estado.
Es que, en función de los fallos que favorecieron a Santa Fe y San Luis, es de esperar que la Corte también se pronuncie en la misma línea respecto a Córdoba.
Se espera que de la reunión de hoy entre Prat-Gay, Abad y los ministros provinciales surja un preacuerdo para avanzar en un convenio definitivo que se traduzca en un proyecto de ley en el Congreso.
Respecto a los antecentes, el fallo de la Corte Suprema determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1º inciso “A” y 4º del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente De la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica. Esa normativa estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente a 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables y, en consecuencia, debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto. Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que hubiera mediado acuerdo alguna por parte de las provincias que ahora reclaman.
El Gobierno ratificó a Alberto Abad como administrador Federal de Ingresos Públicos por un nuevo período de cuatro años y designó a Ricardo Xavier Basaldúa como presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, según sendas normas publicadas en el Boletín Oficial.
