ESCUCHARPor Emilio Ocampo * para el Substack Dolarización en Argentina
Algunos medios han reflotado la idea de que para conseguir la tan ansiada estabilidad de precios en nuestro país es necesario implantar un régimen bi-monetario, con un sistema bancario en el que coexisten depósitos y préstamos denominados en dólares y moneda local, como el que existe en Perú y Uruguay.
Hace años que Domingo Cavallo y Horacio Liendo proponen esta idea, que además fue parte de la plataforma de Patricia Bullrich.
Antes de entrar en más detalles, una cuestión no menor es si se cumplen los requisitos mínimos como para que un régimen monetario y bancario como el peruano funcione bien en la Argentina.
La Constitución de Perú de no sólo establece un banco central independiente en su artículo 84, sino que, además, en su artículo 78 obliga al Poder Ejecutivo a presentar al 30 de agosto de cada año presupuestos anuales para el año calendario siguiente equilibrados y completamente financiados. No existen cláusulas semejantes en la Constitución argentina. Y si existieran, dada la anomia institucional existente, probablemente no serían respetadas, al igual que muchas otras.
Perú no ha logrado lo que ha logrado por casualidad, sino porque a lo largo de las últimas tres décadas su sistema político ha tomado decisiones que el nuestro se resiste a tomar. Si mi perro tuviera un manubrio no sería mi perro sino mi bicicleta. Perú no necesita una dolarización. La Argentina sí.
Otro punto importante a destacar es que, desde enero de 1993, fecha en que se estableció por ley la independiencia de su banco central, a Perú le tomó cinco años alcanzar una tasa de inflación promedio mensual inferior a 0,5% mensual, algo que la convertibilidad logró en menos de dos años.
La Argentina acumula de más de una década de estanflación. Las soluciones gradualistas no han funcionado. El calendario electoral es implacable: exige soluciones rápidas (no más de 18 meses).
Además, dada la anomia institucional imperante, la probabilidad de contar con un banco central verdaderamente independiente en la Argentina es cercana a cero. Y aunque fuera cercana a uno, no tendría la efectividad que usualmente se le asigna.
Se propone la “bi-monetariedad” como una solución intermedia, menos radical, más razonable, menos costosa y supuestamente tan efectiva como una dolarización de jure. El problema es que no generaría suficiente credibilidad lo suficientemente rápido.
En la Argentina, cualquier régimen monetario con un sistema bancario en el que coexistan (y compitan libremente) el peso y el dólar quedará siempre expuesto a la confiscación vía pesificación compulsiva, tal como ocurrió en 2002, y a un descalce cambiario que puede amenazar la estabilidad financiera.
Por lo tanto, no generaría suficiente credibilidad. Y sin credibilidad no lograría bajar la tasa de inflación a niveles políticamente tolerables dentro de los plazos de la política.
Por todo lo antedicho no es un esquema aconsejable para la Argentina actual. Sería básicamente insistir con el gradualismo.
Creo sería un grave error tratar de imponer una falsa “bi-monetariedad” de jure sobre la ya firmemente establecida “bimonetariedad” de facto. En igualdad de condiciones -es decir, dándole curso legal a ambas monedas, y con plena libertad de movimientos de capitales (es decir, libre competencia)- la gente optaría por el dólar y la demanda de pesos caería gradualmente a cero.
El peso sólo puede competir si el gobierno impone restricciones a la tenencia, circulación y/o transferencia internacional de dólares.
La evidencia es contundente. Los argentinos tienen entre cinco y seis veces más dólares billetes que pesos billete. Es decir, han elegido el dólar a pesar de todas las ventajas que le otorgan al peso el curso forzoso y las restricciones que impone el cepo y las regulaciones del BCRA. Además, aunque es obvio, es necesario enfatizar que la “bi-monetariedad” de jure no es viable ni tiene sentido con cepo, impuesto país y tipos de cambios múltiples.
El único régimen bi-monetario que puede ser creíble y funcionar bien en la Argentina a mediano y largo plazo es aquel que se limite a la libre circulación de billetes físicos, tal como lo planteaba nuestra propuesta de dolarización. Es decir, un régimen en el que el sistema bancario -tanto depósitos como préstamos- estaría 100% dolarizado. Es un sistema similar al establecido en El Salvador en diciembre de 2001.
Básicamente, se le daría curso legal al dólar fijando su paridad con el peso, se congelaría la circulación monetaria y se dolarizaría inmediata y completamente el sistema bancario. Los pesos billete en el bolsillo de la gente seguirían circulando durante un período de tiempo indefinido a la paridad fijada con el dólar. Ambas monedas tendrían curso legal. Los argentinos determinarían libremente la magnitud y la velocidad de la dolarización de las tenencias de pesos en sus bolsillos o billeteras.
Nuestra larga adicción al populismo nos ha llevado a una situación subóptima. Enfrentamos un menú muy limitado de opciones viables para estabilizar rápidamente la economía. Mientras que el peso sobreviva es poco probable que un presidente, por más decidido y bien intencionado que sea, pueda bajar la inflación dentro de los cortísimos plazos que imponen el calendario electoral y la dinámica de la política argentina. En un escenario como el actual, la única manera de recomponer el capital político de un gobierno reformista es eliminando la inflación rápidamente sin provocar una profunda recesión. No es un objetivo imposible de lograr. Es exactamente lo que ocurrió con la convertibilidad en 1991. La estabilidad creíble y duradera es reactivante y la reactivación mejora el equilibrio fiscal.
Mientras en la Argentina predomine la anomia institucional (y la independencia de facto del banco central sea una quimera), la intersección de los planes de estabilización macroeconómicamente viables y los planes de estabilización políticamente viables será un conjunto vacío.
En tales circunstancias, la dolarización ofrece la alternativa con mayores chances de lograr rápidamente una estabilidad de precios duradera, condición necesaria para el crecimiento económico sostenido. Aunque una dolarización también impondría costos, nuestra historia sugiere que serían significativamente menores a aquellos que nos impone y no ha impuesto el régimen de políticas discrecionales que tenemos desde diciembre de 2001.
(*) Profesor de Finanzas e Historia Económica y director del Centro de Estudios de Historia Económica de la UCEMA.
