ESCUCHARUn informe de la consultora Idesa aseguró que bajó desde el máximo de 45% en el primer trimestre de 2024 a ese porcentaje en el tercer trimestre. La brecha mide la cantidad de ingresos que les faltó a las personas bajo la línea de pobreza para llegar al valor de la Canasta Básica Total (CBT). En cifras, eran $433 mil. Idesa sugiere posibles estrategias para superar la coyuntura y el largo plazo. El documento se conoce en el Día Mundial de la Justicia Social
La brecha de pobreza en Argentina, que revela el porcentaje de ingresos que le falta a una familia tipo para alcanzar el valor de la Canasta Básica Total (CBT) que fija el límite bajo el cual un hogar es considerado pobre, fue en el tercer trimestre de 2024 de 39%, levemente por debajo del 45% que alcanzó en el primer trimestre de ese año.
Con todo, ese porcentaje se encuentra aún muy por encima de 30% promedio desde 2017, cuando se comenzó a medir la serie.
El dato fue revelado por un informe de la consultora Idesa, en el marco del Día Internacional de la Justicia Social que se conmemora hoy.
En cifras, ese faltante para llegar a la CBT fue de 433 mil pesos en el tercer trimestre de 2024.
Según los datos del Indec del primer semestre de 2024, 52,9% de las personas no logró tener los ingresos suficientes para cubrir la CBT. Sin embargo, según una estimación propia basada en la misma metodología y utilizando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el tercer trimestre del 2024 la tasa pobreza disminuyó a 38% de las personas (mismo valor que en el tercer trimestre del 2023).
Un indicador clave para entender la pobreza monetaria es la brecha de pobreza, que muestra cuánto dinero les faltó a los hogares pobres para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Como la CBT aumenta con la inflación, este indicador permite ver si los ingresos lograron seguirle el ritmo o si quedaron atrás, lo que llevaría a un aumento de la pobreza.
En el primer trimestre de 2024, la brecha de pobreza alcanzó su máximo del periodo bajo análisis, situándose en 45%, lo que significa que los hogares pobres contaban con ingresos promedios equivalentes a la mitad del costo de la CBT.
Para el tercer trimestre de 2024, este porcentaje se redujo a 39%, es decir, la CBT costaba en promedio $1.124.960 mientras que los hogares pobres tuvieron ingresos promedios por $691.451, lo que significa que les faltó en promedio $433.500 para lograr cubrir la CBT y no ser pobres.
En primer lugar es pertinente aclarar que existen dos formas principales de medir la pobreza: la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. La primera se basa exclusivamente en los ingresos de los hogares para determinar si una persona es pobre o no. La segunda, en cambio, considera diversas dimensiones que reflejan carencias en los hogares, como las condiciones de vivienda, el acceso a la educación y la salud, entre otros factores.
Pobreza multidimensional
En Argentina, el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro) elabora un índice de pobreza multidimensional con un enfoque de derechos, considerando dimensiones como vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social, y salud. Un hogar es considerado pobre si carece de al menos dos indicadores en distintas dimensiones. Según los últimos datos disponibles, en el primer semestre de 2024, 34,9% de los hogares padecía pobreza multidimensional, lo que equivale a 43,6% de la población.
Desde 2016, este porcentaje se ha mantenido por encima de 40%, lo que evidencia la profundidad y persistencia del problema.
A lo largo de todo el período analizado, la brecha de pobreza se mantuvo por encima del 30%, y en promedio fue de 39%, lo que representa un dato preocupante.
Históricamente, incluso en los períodos de estabilidad económica, la pobreza ha alcanzado al menos a 25% de la población, confirmando su carácter estructural.
¿Cómo conseguir mayor Justicia Social?
Disminuir la pobreza es un desafío de largo plazo que no se resuelve con medidas inmediatas. Combatir la pobreza requiere estrategias de largo plazo, que aborden distintas dimensiones como trabajo, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, en la última década, bajo el discurso de la justicia social, el foco ha estado puesto mayormente en los programas asistenciales de transferencias monetarias, algunas condicionadas (como la AUH) y otras no condicionadas (como el Potenciar Trabajo) .
El asistencialismo puede funcionar como un paliativo para situaciones de emergencia social, pero no es una solución sostenible para el progreso social. Si bien estos pueden brindar un alivio temporal, no son suficientes para erradicar la pobreza, ya que el principal sostén de los hogares proviene del trabajo. El trabajo es la fuente genuina del progreso social porque permite a las personas generar ingresos de manera autónoma, fomenta la movilidad social y contribuye al crecimiento económico.
La clave, entonces, está en fomentar la creación de empleos de calidad. Según datos del Indec, en 2024, 77% de los ingresos de los hogares urbanos proviene del trabajo y 23%, de fuentes no laborales. Sin embargo, en los hogares pobres, esta relación cae a 53% y a 47%, respectivamente, reflejando una mayor dependencia de ayudas y subsidios. Un factor determinante en esta brecha es la prevalencia del empleo informal: más de la mitad de los hogares pobres dependen de un jefe o cónyuge con trabajo informal o sin empleo. Esto no sólo precariza sus condiciones laborales, sino que también los deja más expuestos a la inflación, ya que sus ingresos suelen carecer de mecanismos de actualización que compensen la pérdida de poder adquisitivo.
El deterioro del mercado laboral, la falta de generación de empleo formal y la expansión de la informalidad explican, en gran medida, la persistencia de la pobreza y la ausencia de justicia social. A esto se suman la inestabilidad económica y la alta inflación, que reducen aún más el poder de compra de las familias más vulnerables, cuyos ingresos apenas alcanzan para la subsistencia básica.
Si bien la desaceleración inflacionaria de 2024 puede ayudar a reducir la pobreza monetaria coyuntural, la pobreza estructural requiere soluciones de fondo. La herramienta más efectiva para combatirla es aumentar la cantidad y calidad del empleo, lo que implica mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables.
Esto implica eliminar regulaciones que obstaculizan la actividad económica, simplificar el sistema tributario y modernizar las leyes laborales y los convenios colectivos para adaptarlos a las realidades del mercado, el avance tecnológico y las posibilidades económicas de cada empresa, en especial de las pymes.
Un primer paso en esta modernización sería descentralizar la negociación colectiva. Otra medida clave sería establecer mínimos no imponibles a las cargas sociales, incentivando la creación de nuevas empresas y la formalización del empleo en las más pequeñas.
En paralelo, es fundamental transformar el sistema educativo para garantizar la finalización del secundario con altos estándares de calidad.
Ésta es la manera más efectiva de ofrecerles a los jóvenes de hogares pobres herramientas reales para mejorar su futuro, ya sea a través de un empleo de calidad o de mayores oportunidades para continuar sus estudios.
Algunas de estas reformas están contempladas en el Acta de Mayo, firmada entre el Gobierno nacional y la mayoría de los gobiernos provinciales. Sin embargo, el mayor desafío ahora es su implementación.
