ESCUCHARIncluye una recomposición de ocho por ciento por la inflación de enero. En tanto, el oficialismo y el PRO están en contra del proyecto a causa de su impacto en el equilibrio fiscal
Los diversos bloques de la oposición llegaron a un dictamen común para una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, diferente de la que impuso el presidente Javier Milei vía el decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 274 de marzo pasado. El proyecto incluye también una recomposición del ocho por ciento por el pico inflacionario registrado en enero, cuando el índice llegó a 20,6%. Cabe recordar que el Gobierno reconoció apenas 12,5% en aquel DNU.
Es necesario mencionar, en este contexto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los haberes jubilatorios tuvieron una caída de 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre del corriente año. En tanto, las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una merma de 37%.
Por su parte, el oficialismo rechaza el proyecto con el argumento de su impacto en el equilibrio fiscal que pretende mantener el Gobierno.
Coincidencias
Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la izquierda coincidieron en que se adicione una recomposición de ocho por ciento a los haberes jubilatorios a causa de la inflación de enero. Asimismo, los bloques opositores dialoguistas y el kirchnerismo impulsaban, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combinara el índice de inflación con la variable de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte): proponían que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación -tal como lo dispone el mencionado DNU- e incluían una cláusula para que se instrumentara un aumento adicional en marzo de cada año conforme el índice Ripte. Si éste fuera mayor que la inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente a 50% de la diferencia; en tanto, si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicaría ningún ajuste y el cálculo al año siguiente se haría con base en el último índice utilizado.
Asimismo, los opositores coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio no inferior al valor de una canasta básica de adulto mayor, actualmente de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.
En tanto, el mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin generar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional –Córdoba, entre ellas- así como el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a lo cual el kirchnerismo se opuso.
La solución encontrada fue que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses algunos impuestos nacionales, como el denominado “del cheque”, el PAIS y el IVA.
Impacto fiscal
De acuerdo con la OPC, el impacto fiscal de este dictamen, aun sin contabilizar el pago de las deudas a las cajas previsionales provinciales, sería de 0,43% del PBI.
La diputada radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, titular de la Comisión de Previsión Social, manifestó: “Es el mismo porcentaje que el Gobierno pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, que es de un 0,4%. También podríamos decir que es el 10% de los gastos tributarios; es decir, lo que el Estado deja de recaudar por todas las exenciones impositivas que les otorga a empresas. Estamos hablando de una cuestión de prioridades”.
La también cordobesa Alejandra Torres (Hacemos por Córdoba) alertó sobre el hecho de que el deterioro de los haberes jubilatorios “representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”.
En tanto, los libertarios y el PRO, rechazarán el dictamen, lo que hace prever el veto presidencial, si el Senado lo convierte en ley. En esa línea María Eugenia Vidal expresó: “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron cuatro millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, en alusión a Cristina Fernández.
