ESCUCHARAdemás del apoyo del oficialismo, la pauta de gastos e ingresos consiguió el del interbloque de Cambiemos que -sin embargo- lo rechazó en particular. Lo mismo el acuerdo fiscal, aunque con el rechazo de Pihen e Hilda Bustos, de UPC, del artículo que valida la reforma previsional nacional
La Legislatura provincial aprobó ayer por amplia mayoría el paquete de proyectos económicos para 2018, a los que en esta ocasión se sumó la adhesión al acuerdo fiscal alcanzado entre la Nación y las provincias, entre ellas Córdoba.
Con mayoría propia de Unión por Córdoba (UPC), el voto favorable no resultaría novedoso respecto a años anteriores. Sin embargo, ayer, el panorama fue diferente.
Los proyectos fueron votados por la totalidad del interbloque de Cambiemos y, en el caso de UPC, el pacto fiscal fue rechazado por los legisladores de extracción sindical José Pihen e Hilda Bustos. Además, se abstuvo Ricardo Vissani.
El apoyo del oficialismo y de la principal fuerza opositora, particularmente de la UCR pero también del juecismo y en menor medida del PRO, es inédito al menos en la historia de la Unicameral, acostumbrada como en tantos otros ámbitos legislativos a que los oficialismos voten en soledad proyectos de este tipo con la adhesión de circunstanciales aliados pero con el rechazo de las fuerzas opositoras mayoritarias.
No fue ésta la ocasión.
En rigor, ya en primera lectura se vislumbraba una actitud distinta de Cambiemos, que se abstuvo.
Con todo, parecía que en segunda lectura se iba al rechazo.
Sucede que, luego de un plenario de legisladores, intendentes e incluso diputados nacionales de la fuerza, se emitió un documento crítico en el que se reclamaba una reunión con el gobernador Juan Schiaretti para resolver diferentes planteos respecto a la redistribución de fondos coparticipables entre municipios y comunas, a partir del pacto fiscal firmado con la Nación.
La respuesta de la Provincia llegó por medio del ministro de Gobierno, Carlos Massei, y de otros referentes legislativos que tildaron el planteo de “politiquería barata”.
La tensión era evidente.
Sin embargo, el lunes pasado, legisladores del interbloque se reunieron en Buenos Aires con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la situación cambió. Con todo, por la noche, el radicalismo emitió un nuevo documento en el que sugería que, ante la negativa de la Provincia a aceptar los planteos de coparticipación, los legisladores se encaminaban al rechazo de la iniciativa.
Luego de varios cruces de opiniones internos en el interbloque, ayer finalmente se resolvió apoyar en general el paquete económico y también el pacto fiscal.
En ese marco, parte de las interpretaciones respecto al apoyo de Cambiemos apuntaban a una devolución de “favores” con el gobernador Schiaretti, toda vez que los diputados nacionales por Córdoba que le responden, avalarán la reforma previsional que hoy se tratará en la Cámara Baja de la Nación. Esa postura fue rechazada por los legisladores afines al Gobierno nacional.
Más allá de las posturas esgrimidas en el recinto, el interbloque emitió un documento en el que, primero, ponderó el acuerdo fiscal. “La construcción de un consenso de este tipo merece el calificativo de histórico por la diversidad y cantidad de actores involucrados, sus disímiles intereses en juego y por la envergadura de los temas en los cuales se logró arribar a un acuerdo”, señalaron y destacaron la “predisposición y apertura” del Gobierno nacional para alcanzar el consenso “con la intención de abordar problemas estructurales del país y lograr que transitemos el sendero del desarrollo, promoviendo el empleo, la inversión y el crecimiento económico”.
Respecto del Presupuesto, el apoyo en general “se encuadra en este contexto de acuerdo histórico entre la Nación y Córdoba. Sin embargo, lamentamos profundamente que la provincia no haya tenido la predisposición que sí tuvo el Gobierno nacional para convocar (a) un proceso de diálogo que involucre principalmente a los gobiernos locales”, advirtieron. “Paradójicamente nos encontramos con un Gobierno provincial defensor a ultranza del federalismo a nivel nacional y unitario para con su propio territorio. No claudicaremos en nuestra defensa por los recursos que legal y legítimamente les corresponden a todos los Municipios y Comunas de Córdoba, que la provincia se niega a coparticipar”, concluyeron.
Por lo demás, el pacto fiscal generó divisiones en el seno del oficialismo.
Ya ocurrió en otras ocasiones, por ejemplo, cuando a poco de asumir los nuevos legisladores en 2015, Schiaretti envió el proyecto de ley de ajuste previsional. La ley 10333 no contó con el apoyo ni de Pihén, actual titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y de la CGT Córdoba, como tampoco de Bustos, histórica dirigente del gremio de los gráficos y también integrante de la central sindical.
Ayer, la foto se repitió. Es que el acuerdo fiscal incluye un párrafo específico que avala la reforma previsional respecto del cambio de fórmula para la movilidad.
De hecho, la CGT emitió en la tarde de ayer y ante la inminencia del tratamiento en Diputados de la reforma previsional, un comunicado en el que convoca a una movilización frente a la Delegación Córdoba de Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) “para expresar una vez más su repudio al robo a los jubilados nacionales”, señaló el documento.
Por lo demás, el resto de los bloques legislativos, esto es Córdoba Podemos, la izquierda y el legislador Aurelio García Elorrio, rechazaron el paquete de proyectos económicos, con diferentes argumentos, parte de los cuales fueron esgrimidos en la comparecencia de los diferentes ministros del gabinete provincial ante el plenario de comisiones para explicar los alcances de las iniciativas, ahora convertidas en ley.
