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Fuerte embestida de Córdoba por ley de biocombustibles

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El Gobierno de Córdoba en conjunto con 45 instituciones, entidades y cámaras sectoriales, solicitaron a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional y del ámbito legislativo, la prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.

El plazo de término de esa ley está previsto para el próximo 12 de mayo, “tiempo exiguo para el desarrollo de alternativas que lo suplanten”, señalaron. 

“Consideramos enfáticamente que el tiempo disponible hasta la caducidad de la presente normativa, que ocurrirá el 12 de mayo de 2021, resulta extremadamente insuficiente para considerar otras alternativas que permitan consensos y garanticen desarrollos regionales armónicos, razonables y distribuidos”, destacó el documento.

La misiva tomó forma e impulso, cuando los ministros integrantes del Gabinete Productivo Provincial (Agricultura, Industria y Ciencia), más las carteras de Coordinación y de Servicios Públicos, mantuvieron un encuentro a través de videoconferencia con más de medio centenar de dirigentes sectoriales, incluyendo la Comisión de Enlace Agropecuaria de Córdoba, la Bolsa de Cereales local, colegios de profesionales y casas de altos estudios, entre otros.

“Hay un silencio por parte del Ejecutivo nacional que genera incertidumbre en un sector que tiene millonarias inversiones y necesita de un marco normativo que otorgue seguridad jurídica a la hora de continuar con una actividad sustentable con el ambiente”, indicó a Comercio y Justicia el ministro de Industria, Eduardo Accastello.

La provincia cuenta con un importante desarrollo en la producción de bioetanol de maíz como componente de su bioeconomía, y un enorme potencial en relación al biodiesel y otros usos de biomasa, ejes que se detallan en la solicitud.

La Ley 26.093 que determina el Régimen de Promoción de este sector estratégico para el desarrollo sostenible, posibilitó incrementar alternativas de agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, igualando oportunidades, promoviendo empleo calificado y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros beneficios, tal como lo manifiesta el texto elevado al Gobierno central.

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