ESCUCHARLas prestatarias del urbano deben pagar mañana el adelanto del 45% y, el día 25, el retroactivo por la nueva paritaria. Descuentan que el municipio cubrirá una parte. Sin embargo, reclaman por nuevos costos y vuelven a la carga por suba del boleto a $35. En tanto, en el interurbano hay reuniones claves hoy y mañana. Aoita pide 12%
Por Alfredo Flury – [email protected]
El servicio de transporte de pasajeros urbano e interurbano afrontará esta semana otro escollo en el ya difícil derrotero consecuencia de la crisis económica y el impacto en los costos de prestación, coyuntura que amenaza con volver a detonar medidas de fuerza por parte de los gremios del sector.
Concretamente, mañana deberán depositar las empresas del servicio urbano de la ciudad de Córdoba 45 por ciento de los haberes de los trabajadores como parte del adelanto salarial fijado por convenio. En tanto, el día 25 -en rigor será un día después, porque es domingo- deben pagar parte del retroactivo no abonado oportunamente por la paritaria 2019.
En ese marco, fuentes empresariales consultadas por Comercio y Justicia, aseguraron que ambos pagos se concretarán en tiempo y forma sólo si la Municipalidad de Córdoba cubre parte de la diferencia. En principio, el intendente Ramón Mestre se comprometió a cubrir esos fondos. Con todo, la promesa fue efectuada previamente a que detonaran todas las variables económicas tras las PASO del pasado domingo 11.
Sin embargo, ése no es el único frente que hoy ocupa a las empresas del servicio urbano. “La suba del dólar disparó una vez más todos los costos y, aun con el aporte del municipio, se hace insostenible prestar un servicio en estas condiciones”, resumió anoche un referente del sector.
Concretamente, si no hay nuevos aportes de la Municipalidad de Córdoba, los empresarios exigen una urgente recomposición tarifaria. “La última minuta de costos aprobada por el Concejo Deliberante fue en noviembre del año pasado. Este año, el aumento a 28 pesos sólo cubrió parte del costo salarial y de combustibles. Pero incluso esos gastos ya quedaron desfasados y ni hablar del impacto en otros insumos como repuestos, lubricantes y demás”, resumieron.
En ese marco, las empresas solicitaron a la comuna una urgente definición. O aporta más recursos o envía un proyecto al Concejo Deliberante para actualizar las tarifas a 35 pesos. “Es que -aun con el aporte que hizo el municipio- hoy el aumento para cubrir los nuevos incrementos debería ser ese precio”, señalaron.
La encrucijada pone en aprietos una vez más a las autoridades municipales, quienes esperaban poder ir postergando mes a mes un aumento a fuerza de aportes propios y dejar que fuera el intendente electo Martín Llaryora quien asumiera el costo político de tener que subir el boleto, después del 10 de diciembre, pero la corrida cambiaria y la suba de precios cambiaron el escenario y, seguramente, también las previsiones que originalmente tenía Mestre.
En este contexto, parece difícil que el intendente pueda frenar un ajuste tarifario, tal vez no del tenor que reclaman las empresas pero sí para cubrir en parte los nuevos costos.
Para peor, en los próximos días UTA nacional volverá a negociar una suba salarial a pagar desde septiembre. Si la inflación se dispara -como todo indica- el planteo será aún mayor. Esa erogación volverá a plantear el mismo problema que ya parece un clásico del transporte de Córdoba.
También los interurbanos
El problema de financiamiento por mayores costos no es privativo del transporte urbano. Hoy y mañana habrá reuniones claves por la paritaria del servicio interurbano que amenaza convertirse en un nuevo problema para una prestación en serias dificultades.
En ese marco, dirigentes de Aoita, el gremio que nuclea a los choferes del sector, se reunirán hoy con autoridades de Fetap y con funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Provincia. Será la previa de un encuentro similar que se concretará mañana en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires y en la que el gremio espera una respuesta definitoria al pedido de aumento de 12 por ciento en los salarios para el trimestre en curso. “Esperamos una respuesta concreta. Los tiempos se acortan y necesitamos un aumento”, indicó a Comercio y Justicia el titular de Aoita, Miguel Herrera.
En rigor, ya hubo varias reuniones previas pero todas con el mismo resultado. Las empresas aducen que no tienen los fondos para cubrir el incremento salarial que reclaman los trabajadores. Un calco de lo que ya ocurrió a mediados de año y que derivó en medidas de fuerza del gremio, luego desactivadas a partir de la intervención del Gobierno provincial pero también a partir de un aumento de tarifas en el servicio.
La situación ahora vuelve a repetirse pero en un contexto aún más complicado que el de entonces.
“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Estamos sondeando alternativas”, reconoció una fuente del Ejecutivo provincial. En el Gobierno admiten que -más allá del legítimo reclamo de los choferes- subyacen en la discusión las inminentes elecciones para renovar la conducción gremial, previstas para fines de septiembre próximo, en las que Herrera, un histórico de Aoita, deberá enfrentar otras listas que buscan disputarle el poder.
“Herrera también necesita posicionarse y conseguir una mejora antes de afrontar las elecciones”, admitieron fuentes de la Provincia.
En principio, de seguir el Gobierno provincial con la lógica ya aplicada en el conflicto anterior, habrá aumento de tarifas para el sector. “El biocombustible que muchas empresas ya usan subió fuertemente en los últimos días”, reconocieron como para justificar que más temprano que tarde habrá que ajustar tarifas, más allá de los mayores costos por el inminente aumento salarial.
En ese marco, habrá que aguardar qué ocurre hoy en Córdoba y mañana en Buenos Aires para saber qué actitud toma Aoita pero también qué decisión adoptará la Provincia respecto a habilitar tarifas o bien cubrir en parte con subsidios, medida esta última que no parecería estar en el menú en análisis a tenor de las dificultades que afronta el Gobierno de Córdoba producto de la caída en la recaudación y la necesidad de cuidar más que nunca el gasto.
