Ex Kolektor presentó la mejor oferta para adjudicarse multas de la Caminera

Propuso una comisión de 8,75% frente al 9,25% de Boldt, la otra competidora. No obstante,
la Provincia aún debe resolver reclamos cruzados. El proceso incluye la concesión por 24 meses
de la gestión de asistencia y colaboración de todo el proceso previo a la cobranza, hoy a cargo de la ex Kolektor

La UTE encabezada por Servicios y Consultoría SA (ex Kolektor) presentó la mejor oferta económica y quedó mejor posicionada para adjudicarse el servicio de “Asistencia y colaboración -bajo la modalidad de ‘riesgo empresario’- en la generación y gestión de multas impuestas mediante actas de infracciones por parte de las reparticiones del Ministerio de Gobierno y Policía de Córdoba”.
Se trata de un negocio a 24 meses con posibilidad de prórroga por igual período y por el que el Gobierno de Córdoba busca apuntalar el cobro de esas sanciones y de esta forma mejorar los ingresos no tributarios en un contexto de crisis.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, la actual adjudicataria del servicio de colaboración en el cobro de acreencias de Rentas, propuso una comisión de 8,75 por ciento sobre la recaudación de las sanciones efectivamente cobradas. En tanto, Boldt, la otra competidora que quedó en carrera, ofertó 9,25 por ciento por la misma tarea.
Pese a quedar mejor rankeada, la ex Kolektor aún no es la adjudicataria. De hecho, por estas horas el Gobierno provincial dirime diferentes presentaciones de ambas compañías que una vez resueltas, definirán la contienda. Aun así, luego, la que quede marginada podrá impugnar el resultado pero eso aún no ha ocurrido.
El porcentaje que presentaron como comisión deberá descontarse del que ya percibe Servicios y Consultoría por la tarea de cobro efectivo de las multas y que tiene una base de 1,8 por ciento. De esta forma, la que gane percibirá como comisión la diferencia entre ese último porcentaje y el que presentó en la oferta.

El monto en juego, sólo por multas labradas por la Policía Caminera, acumuló a julio inclusive 876 millones de pesos, 34,56 por ciento más que un año atrás.
Se trata de un aumento porcentual muy por debajo de la inflación e incluso de la suba de las naftas, parámetro base para calcular la denominada Unidad Fija de Multa (UFM) que impacta sobre el valor de las sanciones de tránsito en rutas de la provincia.
En ese marco, desde el Gobierno provincial pretenden mejorar esos indicadores.
Para tener una idea de la magnitud de los fondos recaudados por ese concepto, representan un tercio de lo que ingresó en concepto de Impuesto Automotor hasta julio inclusive.
Una vez adjudicada la licitación, el grupo ganador sumado a lo que ya cobra la ex Kolektor por el proceso final de cobro, habría percibido hasta julio unos 80 millones de pesos en concepto de comisión.
La intención oficial es apuntalar la recaudación, particularmente de multas de tránsito que impone la Policía Caminera.
Según datos a los que tuvo acceso este medio, la caída de los ingresos por esa vía no es consecuencia de que la Caminera haya labrado menos actas o bien por una mejor conducta de los automovilistas en las rutas. El problema radica en la falta de eficiencia desde la imposición de la multa hasta que ésta termina por cobrarse.

Esa gestión la tenía Kolektor en el contrato anterior. Pero en el nuevo vínculo con la adjudicataria del contrato de colaboración en la gestión de acreencias de la Dirección de Rentas, ese ítem no figura. En rigor, la ex Kolektor sigue a cargo del cobro de las sanciones pero no del proceso previo desde el labrado de la sanción y es allí adonde se apunta en esta ocasión.
El contexto, además, exige buscar por todos los medios una mejora en los ingresos de la Provincia, frente a una crisis que viene golpeando la recaudación, con gastos que se indexan por inflación o por suba del dólar.

El futuro contrato
Según los pliegos de licitación de la normativa que habilita el llamado, la contratación apunta a satisfacer una solicitud tanto la Dirección de Seguridad Náutica como de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad, la División Seguridad Bancaria y sistemas de alarma dependiente de la Policía de la Provincia y la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito.
De esta forma, la empresa que se haga cargo no sólo deberá colaborar y gestionar las multas de la Caminera sino también todas las demás sanciones bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y de la propia policía.
El Gobierno provincial admitió que, “una vez impuesta la multa, para que la sanción pecuniaria, económica, cumpla con su cometido de lograr el cambio de conducta esperado por la ley, se hace necesario gestionar su percepción porque además de su finalidad principal representa una acreencia a favor del Estado, que a su vez destina sus recursos específicamente a la provisión de bienes y servicios afectados a las tareas de prevención y seguridad que debe cumplir por ley”.
En ese marco, se informó que en las reparticiones mencionadas “no existe personal capacitado para la tarea específica de gestionar el pago de la multa una vez que fue impuesta, ya que los recursos humanos de cada área se especializan en las funciones propias de prevención, educación, control y fiscalización”.

En esa línea, las áreas en cuestión solicitaron “la implementación de un un sistema de administración específico que permita la optimización de los procesos de generación y gestión de infracciones, con el objetivo de determinar de manera ágil, segura y fehaciente la deuda exigible que se deriva de las actas que labra el personal de cada una de las reparticiones que imponen multas”. La Provincia negó que la decisión implique delegar funciones que les son propias a cada una de las dependencias. “Las multas de la Caminera las seguirá labrando el personal policial”, aclaró.
En cuanto al tipo de contratación, será bajo la modalidad de “riesgo empresario”, esto es, quien resulte adjudicatario cobrará una comisión por las sanciones que efectivamente terminen en una recaudación neta. La compañía que resulta adjudicada deberá proveer de implementos tecnológicos a quienes labren las actas pero también sumar personal capacitado y además habilitar un call center específico para atender al reclamo o inquietud de las personas sancionadas.