Estiman que el rojo impago de la Caja será de $2.700 millones

El déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia acumularía al cierre del año un déficit impago de unos 2.700 millones de pesos.
Así lo reconoció el titular del organismo, Osvaldo Giordano, quien no obstante confió que antes de esa fecha, la Nación cancelará total o parcialmente ese monto.
Giordano expuso ayer ante un plenario de comisiones en la Legislatura sobre la litigiosidad de la Caja (ver Juicios…). No obstante, luego de explayarse sobre ese punto, las preguntas de los legisladores giraron sobre la situación del organismo previsional y la cobertura del déficit por parte de la Nación.

En ese marco, el funcionario estimó que el rojo de la Caja al cierre del ejercicio 2008 alcanzará a unos $2.700 millones. El monto se compone con 553 millones de 2006 (auditados y netos de las compensaciones ya giradas por Anses), 667 millones en 2007 (aún sin auditar y neteados de los $310 millones ya girados por Anses a octubre) y, finalmente, unos $1.500 millones estimados para 2008. Esa última cifra se compone con 420 millones al primer cuatrimestre y una estimación para el resto del año con el impacto de la reciente suba a los activos.

“El déficit mensual ya es de unos $100 millones y se elevará a unos 120 millones tras las mejoras salariales”, aclaró el funcionario.
De ese monto, 30 millones es afrontado con partidas del Fondo Compensador (aporte de los activos) mientras que los otros 70 millones llegan del Tesoro provincial.
Giordano aclaró que, salvo 2006, el resto de los montos aún no fueron auditados.
“Esperamos que Anses concluya la auditoría de 2007 aunque nuestros cálculos tienen que ver con la metodología utilizada por la Nación, por lo que las cifras no deberían ser muy disímiles”, señaló.

Más allá de la presunción oficial sobre ese reconocimiento de Anses, desde la Provincia admiten que podría haber controversias.
Al respecto, Giordano reconoció posibles “diferencias de interpretaciones” con relación a la inclusión en el déficit del aumento de haberes aplicado desde agosto pasado tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los alcances del decreto 1.777 firmado por el ex gobernador Ramón Mestre.
“Ese decreto estaba armonizado (en el régimen de Armonización Previsional con la Nación) pero tras el fallo de la Corte debimos afrontar las subas para el remanente de beneficiarios que había quedado pendiente. Es probable que esos montos puedan tener alguna controversia en la Auditoría”, admitió. Ese punto importa un total de $320 millones, desde agosto último hasta diciembre de este año.