El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) resolvió postergar el plazo para medir estacionalidades en los consumos de energía eléctrica, y así prorrogó hasta el 1 de octubre el cálculo de las facturaciones de ese servicio y del de agua, y también la adecuación de los instrumentos municipales atados a esos cedulones.
“Por razones de tipo técnicas, para medir las estacionalidades en el consumo de energía eléctrica y los valores y porcentajes que arrojan éstos, el Ersep establecería como fecha para que rijan plenamente las resoluciones 10 y 12 del corriente año el día 1 de octubre de 2018, ello en lo que hace a las nuevas formas de cálculo en las facturaciones del agua y energía eléctrica. Por otra parte, da un mayor plazo para adecuar los instrumentos municipales”, fue el escueto comunicado que emitió el ente en relación con el tema.
El Ersep viene postergando una serie de decisiones que adoptó oportunamente para morigerar el impacto de las facturas de los servicios a su cargo -básicamente luz y agua-, quitando tasas y otros conceptos que no estén directamente vinculados con la prestación propiamente dicha.
Esa decisión, que fue apoyada abiertamente por el Gobierno provincial, generó fuerte controversia entre municipios y cooperativas que se vieron obligados a retirar de las facturas tasas u otros servicios diferentes del concepto central del cedulón.
De hecho, el tema se judicializó mediante una presentación que hiciera el intendente Ramón Mestre relativa a ambos servicios, causa que en las últimas horas pasó a análisis del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, la determinación sigue firme para el resto de los municipios y cooperativas que debían avanzar en esa línea. Producto de la controversia planteada y las consultas permanentes respecto a la forma de aplicar el mecanismo, el Ersep prorrogó la entrada en vigencia de la obligación, postura que confirmó ayer mediante un nuevo documento.
De todas formas, llama la atención que el comunicado esté redactado en potencial, esto es sin una determinación tajante respecto a la decisión efectiva.
La suba de tarifas que involucró a los servicios de agua, pero principalmente al de energía eléctrica, llevó al ente de control a tomar medidas relativas a las tasas u otros conceptos anclados a las facturas, que en cualquier caso engrosaban el monto final del pago.
De hecho, en las últimas horas, tanto el gobernador Juan Schiaretti como el intendente Ramón Mestre anunciaron bajas o eliminaciones específicas de gravámenes sobre esos servicios y sobre el gas para tratar de reducir el impacto de las facturas finales.
Incluso Schiaretti planteó la posibilidad de que la Nación reduzca el IVA al consumo de gas residencial, lo que tendría un impacto fiscal que deberían afrontar la Nación, las provincias y los municipios, toda vez que se trata de un impuesto que se coparticipa entre todos los distritos.