ESCUCHARJorge Lawson es uno de los funcionarios que ya fue notificado de que será relevado de sus funciones y tendría reemplazante. En su discurso, De la Sota dio instrucciones para que los reclamos se canalicen mediante las cámaras y federaciones sectoriales para otorgar ayuda.
En medio del caos, los saqueos y los destrozos que se generaron ayer a partir del acuartelamiento de la policía por un reclamo salarial, que tuvo como principal damnificado el sector comercial cordobés principalmente de la capital, el Ministerio de Industria, Comercio de la provincia está prácticamente acéfalo.
En efecto, el hasta ahora titular de la cartera, Jorge Lawson, ya fue notificado de que es uno de los funcionarios que será removido de sus funciones, e incluso se rumorea que el reemplazante será el intendente de San Francisco, Martín Llaryora, quien en las elecciones legislativas pasadas quedó fuera de un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación. El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por dos altas fuentes del sector.
De todos modos, la realidad relativa al desplazamiento de Lawson fue sugerida por el propio gobernador José Manuel de la Sota, quien en el discurso que brindó ayer en Casa de Gobierno -en el que anunció el acuerdo al que arribó con la policía, pasado el mediodía- dio instrucciones para que los reclamos de los comerciantes damnificados se canalicen mediante la Cámara de Comercio (CCC) y la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).
A su vez, los comunicados que emitieron ambas entidades empresariales ayer (ver “Repudio generalizado…”) indican que se encargarán de cuantificar los daños del sector.
Primeras estimaciones
A priori, el titular de la CCC, Horacio Busso, indicó que las pérdidas son millonarias y que “al menos son mil los negocios” que se vieron afectados en la capital provincial.
El dirigente expresó que aún no se habla de cifras porque “primero hay que cuantificar” el daño sufrido, tras lo cual agregó: “Cuando tengamos el relevamiento, nos reuniremos con las autoridades para establecer algún mecanismo” de compensación.
Busso subrayó que “la principal preocupación” pasa por que se apoye al pequeño comerciante, “el que no puede pagar ni siquiera la restitución de la vidriera; porque las grandes cadenas cuentan, por ejemplo, con seguros”.
Al mismo tiempo, el titular de Fedecom, Rubén Martos, confirmó a este medio el pedido hecho por el gobernador de que se efectúe un monitoreo e indicó que espera tener para hoy “una idea de la cantidad de afectados y los daños estimados”.
Por su parte, la Secretaría de Comercio de Córdoba comenzará hoy mismo con una suerte de “rastrillaje” para poder alcanzar a aquellos comerciantes que no están nucleados en ninguna entidad empresarial.
“Vamos a empezar a visitar a los pequeños comerciantes, a esos pequeños negocios o almacenes que se han visto afectados por los desmanes”, indicó a este medio Efraín Molina, secretario de Comercio. “Igual, estamos recibiendo mails a la dirección [email protected] o al teléfono 434-2470 interno 231”, informó.
Pese al anuncio, el Gobierno provincial no decidió aún en qué consistirá la ayuda o financiamiento que otorgará, aunque no se descarta que pueda incluir créditos a tasa subsidiada como los que se lanzaron para los afectados por los incendios.
“El gobernador no ha dado precisiones de cómo será la ayuda. Creo que primero debemos tener más en claro el panorama de los daños”, indicó.
A su vez, recordó que la Cámara de Supermercadistas y el Centro de Almaceneros también están canalizando la cuantificación de las pérdidas de cada uno de sus asociados.
“Nuestra idea es poder hacer llegar ayuda a aquellos que no tienen quién los represente”, explicó.
Beneficios comunales
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba anunció que concederá beneficios impositivos a los comerciantes que sufrieron daños y saqueos. “No tenemos aún un relevamiento de los destrozos porque recién se está restableciendo el sistema de seguridad”, afirmó ayer por la tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Facundo Cortés Olmedo.
No obstante, el funcionario precisó que, una vez hecho, se pondrá en vigencia “un sistema de bonificaciones y de beneficios, aunque previamente los comerciantes deberán acreditar las circunstancias de lo sucedido”.
