Pretenden una reducción de Ingresos Brutos y de Comercio e Industria. En el caso de la comuna, buscan una baja en la alícuota sobre las facturas de gas y energía eléctrica. Ambas administraciones relativizaron eventuales reducciones, frente a una recaudación “al límite”
Empresarios de diferentes ramas de actividad ya iniciaron gestiones ante la Provincia y la Municipalidad de Córdoba para lograr una reducción en la presión fiscal para el año próximo, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto 2017 en ambas administraciones.
El reclamo fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes de los sectores industrial, comercial y de la construcción.
En ese marco, tanto la Provincia como el municipio admitieron a este medio que hubo planteos, en su mayoría de carácter informal y sobre diferentes puntos.
Con todo, en ambos casos coincidieron en que la situación fiscal es complicada y no hay mayor margen para una reducción generalizada de alícuotas. De todas formas, admitierion que podrán analizarse casos específicos o bien subir bases de mínimos no imponibles para evitar el pago de alícuotas agravadas.
Según las normativas vigentes, la primera que deberá presentar el proyecto de Presupuesto con la pauta de gastos e ingresos para el año próximo, será la Municipalidad, que tiene plazo hasta el 30 próximo.
En tanto, la Provincia tiene margen hasta el 15 de noviembre.
Según pudo conocer este medio, ambas administraciones se moverán en línea con las pautas macro del proyecto de Presupuesto que la gestión de Mauricio Macri envió al Congreso.
Según esa iniciativa, los ingresos tributarios sumados a los aportes y contribuciones a la seguridad social registrarán un crecimiento de 26,7 por ciento respecto a este año.
En el caso de la Provincia, los reclamos del sector empresarial apuntan principalmente al denominado Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (FFOI, ley 10323), ingreso no impositivo que se recauda conjuntamente con Ingresos Brutos (IIBB).
Esa imposición extra que impacta en los grandes contribuyentes y que, según la normativa, regirá hasta 2019, fue implementado para financiar obras, en reemplazo de la denominada Tasa Vial.
La eliminación de esa contribución tendría consecuencias fiscales profundas. De hecho, en el informe de recaudación de agosto difundido por el Ministerio de Finanzas, se señala que la recaudación de IIBB a agosto, subió 45,3% interanual. Si se descuenta lo recaudado por el FFOI, el aumento hubiese sido de sólo 30,4%.
Los números hablan por sí mismos. En todo caso, la Provincia admite que podría haber una revisión parcial, además, por cierto, de una suba en los mínimos no imponibles para tributar las diferentes alícuotas vigentes.
Está plenamente descartada una revisión total del impuesto, tal como lo planteó el gobernador Schiaretti en campaña, en reemplazo de un IVA provincial. Para ese fin deberá haber una masa crítica de provincias que adhieran al esquema. Hoy están todas preocupadas por ver cómo recaudan con los instrumentos que hay, e IIBB es clave en ese sistema. Sí, en cambio, habrá un revalúo generalizado de propiedades que, sin embargo, aseguran que no tendrá mayor impacto fiscal.
Los empresarios recuerdan la elevada presión en los tres estamentos del Estado y reclaman bajar el denominado “costo Córdoba”.
Respecto a la Municipalidad, el planteo también va por el lado de Comercio e Industria, aunque en este caso se suma el pedido para reducir o eliminar alícuotas anexas a las facturas de gas y de energía eléctrica (también existe una que va adosada a la factura de Aguas Cordobesas).
Fuentes del municipio consultadas por este medio admitieron que el tema de las alícuotas está en análisis, particularmente la del gas para el caso de las estaciones de servicio. Ese porcentaje extra, de 10%, fue suspendido por el intendente Ramón Mestre sólo por tres meses.
Con todo, la postura en general es la misma que en la Provincia. Los ingresos del municipio están en línea o por debajo de la inflación real, por lo que no hay mayor margen de maniobra para reducciones generalizadas.
En todo caso, Mestre evaluará la incidencia de los ingresos extra que reciba con el nuevo “goteo” de coparticipación, para resolver en consecuencia.