ESCUCHAREl titular de Fedecom, Rubén Martos, insis
tió en que el impuesto a contribuyentes de “extraña jurisdicción” genera inseguridad jurídica. La Provincia dijo que trabaja para morigerar el impacto. También prometió subir mínimos de IIBB.
El titular de la Federación Comercial (Fedecom), Rubén Martos, insistió ayer en rechazar el cobro del denominado ‘impuesto a la valija’ por parte de algunos municipios, al señalar que atenta contra la seguridad jurídica y eleva los costos de las empresas del sector.
Asimismo, el empresario ratificó el reclamo de rebaja en el impuesto a los Ingresos Brutos y, en una segunda instancia, la puesta en marcha de una reforma tributaria que elimine esa obligación.
Por otra parte, exigió avanzar en mecanismos que eviten la informalidad comercial, en cuyo extremo citó las denominadas ferias al estilo de “La Salada”, en el Gran Buenos Aires.
Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Roberto Avalle, ratificó que la Provincia analiza ampliar la rebaja en Ingresos Brutos al comercio y un esquema que permita evitar el impuesto a la valija. Paralelamente, el funcionario recordó que ya está en marcha el registro de empresas comerciales y de servicios que, entre otros aspectos, permitide la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornidrá combatir la informalidad en el sector.
Martos fue el orador principal en el marco de los actos de festejo por el trigésimo aniversario de la creación de la entidad. El evento, que se concretó en uno de los salones del Sheraton Córdoba, contó con la presencia de casi 300 dirigentes empresariales de capital e interior, además del titular de la Confederación Argentina e.
En representación de la Provincia estuvo el vicegobernador Héctor Campana y el ministro Avalle, entre otros.
Fedecom nuclea hoy 47 cámaras y centros comerciales de toda la provicnia, según confió el titular de Fedecom.
Previo a realizar un breve repaso sobre la situación de la entidad y del sector, Martos enumeró los temas de agenda pendientes.
En ese marco, recordó que el denominado impuesto a la valija se ha convertido un costo extra que genera fuerte preocupación y que atenta contra la seguridad jurídica.
“Hay una doble imposición y encima hay municipios que intiman el cobro retroactivo a cinco años y luego jueces que fallan a favor de esos distritos”, recordó.
No obstante, admitió que la Provincia trabaja en un esquema para evitar la vigencia de ese mecanismo.
Si bien existe autonomía de los municipios respecto al cobro de tributos en su jurisdicción, la Provincia, por medio del ministro de Finanzas, Ángel Elettore, trabaja en una suerte de Código Tributario provincial que apunte a ordenar el cobro de esa tasa, obligación que algunas localidades exigen a empresas que tienen alguna actividad en esas ciudades y que, según denuncian las empresas, se cobra aun sin tener un local de ventas o distribución concreto que amerite el cobro de una tasa por servicios prestados.
Existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya se pronunció en contra para un caso puntual, que involucró a Laboratorios Raffo contra la Municipalidad de Córdoba.
Tiempo atrás, el subsecretario de Ingresos Públicos del municipio, Fidias Sanz, había señalado a este medio que Córdoba seguirá cobrando ese tributo.
En tanto, respecto a Ingresos Brutos, Martos volvió a reclamar volver al esquema original para la industria de alícuota cero y una reducción para el comercio. “Es un impuesto distorsivo y que castiga fuerte al sector”, señaló.
Pero el dirigente fue aún más allá y solicitó una reforma impositiva general en la que se elimine Ingresos Brutos y se lo reemplace por otro tributo.
En ese sentido, el ministro Avalle confirmó que se avanza en la suba del tope de facturación anual para acceder al descuento de 30 por ciento en Ingresos Brutos desde 2011, dato ya deslizado por el gobernador Juan Schiaretti.
Por lo demás, el otro reclamo del sector se refirió a la competencia desleal producto del comercio informal. Martos aludió a las denominadas ferias al estilo “Salada o Salidita”, en referencia al emprendimiento ubicado en el Gran Buenos Aires y a otros proyectos de ese tipo, por caso el que se pretende instalar en la ciudad de San Francisco.
Al respecto, deslizó que “muchas veces detrás de eso (de ese tipo de comercios) se esconde el trabajo en negro, el robo o la delincuencia”.
Avalle, en tanto, recordó que la Provincia ya activó el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial (Sifcos), un registro en el que deberán inscribirse todos los locales de la provincia y que permitirá, entre otros puntos, tener un control de la actividad. Según se informó, ya hay 200 comercios que concluyeron el trámite.
Cornide: hay temas pendientes, pero el sector es rentable
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, reveló que, más allá de los reclamos crónicos del sector, “económicamente funciona bien y es rentable”.
En diálogo con Comercio y Justicia, el dirigente empresario indicó que en lo que va del año las ventas en volúmen se ubican entre 10 y 12% por encima de las de 2009.
“La rentabilidad se mantiene y en algunos sectores se ha reducido producto de los aumentos en los precios y la imposibilidad de volcarlos al consumo, pero el sector económicamente funciona bien, es rentable”, señaló.
No obstante, Cornide también alertó sobre temas pendientes de resolución. Citó la competencia desleal y la proliferación de ferias al estilo de “La Salada”. “Hay una connivencia entre esa actividad delictiva y los poderes públicos. No se explica que después de tantas denuncias siga funcionando el mecanismo”, aseguró.
Asimismo, dijo que hay preocupación por el aumento desmedido de tarifas de las ART.
También recordó que la permeabilidad del Gobierno para autorizar la instalación de grandes superficies atenta contra un sector como el de las pymes, que emplea a casi un millón de trabajadores.
Por otra parte, advirtió respecto a la falta de crédito. “No existe para las pymes y el que hay es usurario”, denunció.
También alertó por el tema tributario y la “multiplicación” de impuestos al sector, tanto municipales como provinciales y nacional, que agobian con una fuerte presión impositiva. Finalmente, avaló el proyecto para instrumentar el descanso dominical de los empleados.
