ESCUCHARMejora los haberes de los pasivos con un plus por el desfase de enero. También fija que la mínima no puede ser menor a 1,09 CBT del Indec. En tanto, si la economía crece, habrá un alza extra. La ley instruye a la Anses a cancelar, con los recursos tributarios, las deudas con las cajas provinciales y los juicios de jubilados con sentencia firme. El Gobierno cuestionó la sanción. La redacción del texto no asegura que la Nación vaya a cubrir el déficit previsional de Llaryora
El Senado aprobó ayer una nueva Ley de movilidad jubilatoria que, entre otros puntos, incluye una mejora en las prestaciones mínimas además de una laxa exigencia al Ejecutivo que cancele las deudas con las cajas provinciales no transferidas y los juicios a los jubilados con sentencia firme.
La sanción, que contó con el aval de los dos tercios de los votos, fue el segundo revés para el Gobierno en cuestión de horas, luego del rechazo al DNU de gastos reservados para inteligencia.
La situación, sumada a la tensión interna en la administración libertaria y a algunas dudas respecto a declaraciones del ministro Luis Caputo, impactó de manera negativa en los mercados, básicamente en las acciones locales pero también en los bonos argentinos y en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, también influidas por el contexto externo.
Conocida la sanción de la norma, el presidente Javier Milei reposteó una publicación en redes del subsecretario de Prensa, Javier Lanari. “El costo político lo van a pagar los degenerados fiscales”, escribió el funcionario. “Él es un degenerado social”, le respondió desde el recinto la kirchnerista Juliana Di Tullio.
Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo vetará la ley. “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”, anticipó en su conferencia de prensa diaria. El impacto fiscal de la ley está calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 0,4% del PBI.
Con todo, si el Congreso insiste con la norma y logra los dos tercios de los votos, la ley quedará firme.
Los detalles
La ley sancionada ayer, que ya había pasado por Diputados, contó con el apoyo de todo el PRO, salvo una única excepción, de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Con Luis Juez a la cabeza, el bloque votó con la oposición y volvió a tomar distancia del Gobierno horas después de haber rechazado en Diputados el DNU de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
El proyecto obtuvo luz verde con 61 votos a favor (de Unión por la Patria, la UCR completa y todos los bloques provinciales) y ocho votos en contra (de La Libertad Avanza y el PRO). La vicepresidente Victoria Villarruel se retiró del recinto tras los discursos de cierre y, sugestivamente, estuvo ausente al momento de la votación.
Juez votó a favor y Álvarez Rivero en contra; en tanto, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) estaba de regreso de un viaje por Estados Unidos junto a otros dirigentes y no llegó a la sesión, al igual que el radical Maximiliano Abad.
Los dos tercios no sólo se alcanzaron en la votación en general sino también en cada uno de los artículos. En la votación en particular, el PRO (salvo la larretista Guadalupe Tagliaferri) no acompañó tres artículos por el costo fiscal que implican (el 2, el 4 y el 10), a pedido del Ejecutivo.
La flamante ley aumenta mensualmente las jubilaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como estableció el Poder Ejecutivo por decreto. Además, fija por única vez una compensación de 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar 20,6% de inflación registrada en enero.
El Gobierno buscaba que el incremento fuera a partir de la sanción de la ley y no de forma retroactiva.
Asimismo, se establece un aumento extra para las jubilaciones si los salarios crecen más que la inflación, algo pensado para un escenario de crecimiento económico. El incremento será equivalente a 50% de la variación del Ripte por sobre el IPC. El radical Zimmermann propuso bajarlo a 25%, pero el cambio no prosperó.
La norma también establece que el haber mínimo debe ser equivalente a 1,09 canasta básica total calculadas por el Indec, esto es, entre $315 mil y $320 mil a valores de julio.
Asimismo, se instruye a la Anses a cancelar, con los recursos tributarios que tengan asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas de la Nación con las cajas provinciales no transferidas (como la de Córdoba) y los juicios de jubilados con sentencia firme.
Ese artículo, que la diputada cordobesa Alejandra Torres había propuesto que se financiara con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), no prosperó en la Cámara Baja.
Así, si el Gobierno cumple con lo que votó el Senado, Milei debería pagar las deudas con las cajas no transferidas con los recursos que ya financian a la Anses, esto es parte del IVA, Ganancias y el impuesto al cheque.
“No hay ninguna garantía de que la Nación vaya a pagar aun si la ley queda firme”, aseguró a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo de Córdoba.
Por lo demás, aun cumpliendo ese ítem, habrá que ver cuándo podría cumplirse, es decir, en qué plazos y si los pagos serían en cuotas, si bien la norma habla de seis meses.
En todo caso, nada inminente para un problema urgente para las provincias con cajas no transferidas, entre ellas la de Córdoba. El gobernador Llaryora debe afrontar mensualmente un rojo de 18 mil millones de pesos, tal como informó ayer este medio.
Recuperar lo perdido
En cuanto al debate y los argumentos, “el objetivo es recuperar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados”, resumió el camporista Mariano Recalde al defender el dictamen de mayoría de la oposición, y señaló que la ley tiene “el mismo costo que haber modificado el impuesto a los Bienes Personales que se aprobó hace poco en el Congreso” dentro del paquete fiscal.
“No se trata de un problema de falta de recursos. Los recursos están y se destinan a otras cosas”, sostuvo el senador de Unión por la Patria, y agregó: “Aprobar esta ley es un acto de Justicia, porque hoy los jubilados no llegan a cubrir la canasta básica”.
En el mismo sentido se expresó el titular de la UCR, Martín Lousteau. “Para gastos reservados de la SIDE hay plata, para jubilados no hay plata. Esto es inmoral. La prioridad debe ser la contraria”, consideró.
En nombre de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche calificó la ley como “un parche más” y reivindicó los aumentos otorgados por el Gobierno. “La mayoría de los meses venimos aumentando más de lo que aumenta la inflación”, destacó.
La cordobesa Álvarez Rivero también rechazó el proyecto “por responsabilidad”. La senadora, que encabezó el debate en comisiones como presidenta de Trabajo y Previsión Social, denunció que “el peronismo no ha parado de destruir el sistema jubilatorio” y cuestionó las sucesivas moratorias.
Idesa
Días atrás, un informe de la consultora Idesa aseguró que uno de los problemas del déficit previsional de Anses tiene que ver, entre otros puntos, con el reparto discrecional de los bonos que cobran los pasivos que perciben la mínima.
Si se tuviera un control y un análisis más exhaustivo de esos pagos que en algunos casos benefician a personas que tienen una situación patrimonial y económica acomodada, el ordenamiento del gasto permitiría acotar el déficit, resumió el informe.
Qué pasa si Milei no la veta
De esta manera, y en caso de que Milei no la vete, la jubilación mínima ascenderá a $317.700, lo que representa un aumento con respecto a julio, que fue de $285.581.
De esta manera, el primero de los cambios importantes que generará la nueva ley sobre las jubilaciones es un aumento de 8,1% que se sumará a 12,5% que otorgó el Gobierno por enero, para de esta manera cubrir la totalidad de la inflación de ese mes.
El segundo cambio clave será que el haber mínimo no podrá ser nunca inferior al valor de la canasta básica total de un adulto multiplicado por 1,09. Según el último dato de julio, la canasta se encuentra hoy en $291.471,73, por lo que el nuevo piso para las jubilaciones debería ser de $317.704,19.
No obstante, uno de los puntos más importantes -por su impacto hacia adelante- es el aumento adicional que contempla el proyecto para el mes de marzo de cada año, en un 50% de la variación del índice Ripte (evolución del salario promedio del sector formal) por sobre la variación del IPC del último año anterior, siempre que ésta sea positiva.
Por último, el cuarto cambio relevante no involucra a los jubilados directamente sino que se trata de una discusión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, y se trata del plazo de seis meses para que la Nación cancele las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
Dietas
Por lo demás, el Senado aprobó por unanimidad cancelar el último aumento en sus dietas.
El pleno de la Cámara anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre. A pesar de este puente, en enero seguirá vigente el cuestionado mecanismo que legisladores se autogestionaron en abril pasado, con sueldos en la actualidad de más de $7 millones en bruto.
