El sector cárnico rechazó recortes a las exportaciones

Exportadores, carniceros y productores rurales coincidieron en que el desabastecimiento de carnes, que presiona el alza de precios, se debe a un problema de estacionalidad, y “no se soluciona con el cierre de las exportaciones, sino con subsidios y promoviendo la producción”.
Esta fue la respuesta a la intención del Gobierno nacional de restringir exportaciones y controlar precios para frenar la escalada en los valores de mostrador. En el caso de los carniceros el reclamo incluye subsidios al consumo; los exportadores piden compensaciones para los engordadores, mientras que los ruralistas, la aplicación del plan ganadero que permita aumentar la producción.
Para el sector, el consumo en el mercado interno no ha dejado de crecer, pese al aumento de precios, lo cual presiona sobre la escasa oferta de comienzos de año, cuando no hay terneros en el país, y genera más alzas de precios.
El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, sostuvo que “hay un desbalance entre la oferta y la demanda”, que genera “preocupación” en el sector, por lo que “deben buscarse soluciones más de mediano y largo plazo para aumentar la producción”. Miguens recordó que “al salir de la Aftosa hemos reabierto casi todos los mercados del mundo”, por lo que “este producto busca readecuarse”. Para frenar los aumentos, se mostró de acuerdo en fijar un precio para 12 cortes, liberando el resto, tal cual lo propone Federación Agraria.
Por su parte, el director de la Asociación de Exportadores de Carne Vacuna, Javier Martínez del Valle, remarcó que tras el cierre de exportaciones de 2005, la Argentina saltó de ser el primer exportador de carne vacuna del mundo a ser el séptimo.
En tanto, los trabajadores de la industria de la carne de Buenos Aires realizarán hoy un paro, en protesta por la política ganadera del Gobierno y pedirá que se declare el estado de emergencia.
El Gobierno acusó recibo del descontento y salió a ofrecer otra posibilidad “más consensuada” entre las partes: establecer un valor de la media res para que arribe a un precio fijo a los carniceros, por debajo de los 8 pesos el kilo que hoy están pagando. El Gobierno compensaría a la industria esa diferencia entre el precio subsidiado (algo más de 7 pesos por kilo) y uno de mercado en torno de los valores actuales.