Si bien aún no hay datos precisos, en cualquier caso será “muy inferior a $1.000 millones anuales”. Es que 56,6% de la recaudación del impuesto se coparticipa con las provincias. Córdoba recibe 9% de los giros. Sólo en la Caja de Jubilaciones dejarían de tributar 27.900 pasivos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias a los jubilados, en caso de generalizarse, tendrá un impacto fiscal “marginal” que, en el caso de la Provincia de Córdoba, se ubicaría “muy por debajo de mil millones de pesos anuales”.
La estimación de fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Comercio y Justicia va en línea con todas las opiniones que se conocieron ayer respecto al tema.
Sucede que más allá de las consecuencias que tenga la decisión del Máximo Tribunal sobre cada jubilado -por ahora sólo beneficia a un caso específico pero en el mediano plazo debería generalizarse a partir de una Ley votada por el Congreso-, hay una lectura macro que involucra el costo fiscal en caso que la medida finalmente se extienda a todos los pasivos.
Y justamente sobre ese punto no hay datos finos todavía aunque todos los análisis coinciden en que la medida no tendrá alto impacto fiscal.
Ayer, fuentes del Ministerio de Hacienda de la Nación citadas por la agencia oficial Telam aseguraron que una generalización de la medida implicará unos 2.900 millones de pesos anuales menos, sólo para los pasivos que cobran sus haberes en Anses. Pero allí no se consideran las retenciones que sufren los jubilados de las 13 cajas previsionales provinciales, entre ellas la de Córdoba.
De acuerdo con datos de febrero pasado -último disponible-, la Caja aplicó retenciones por impuesto a las Ganancias a 27.911 liquidaciones, cerca de 28 por ciento del total de beneficios que erogó el organismo previsional cordobés en el segundo mes del año.
El total retenido fue de 178,9 millones de pesos y la retención promedio de 6.400 pesos por beneficiario. Se descuenta que, una vez que el Congreso resuelva extender por ley la decisión de la Corte, esos beneficiarios percibirán sus haberes sin ese descuento.
Pero volviendo al tema del costo fiscal, si se multiplican los 178,9 millones de pesos retenidos por Ganancias por 13, esto es los 12 meses más dos medio aguinaldos, la cifra total supera 2.300 millones de pesos, casi tanto como lo que estima Anses deberá dejar de retener a los jubilados nacionales. No se conocen datos respecto a las retenciones que aplican otras cajas provinciales.
Como fuere, el monto total involucrado superaría cinco mil millones de pesos anuales.
Según los últimos cambios aplicados al impuesto a las Ganancias, 56,66 por ciento de la recaudación de Ganancias va a las provincias en concepto de coparticipación. Si se toman como referencia los cinco mil millones de pesos estimados originalmente, las provincias dejarían de percibir unos 2.833 millones de pesos una vez que se aplique el criterio de la Corte a todos los pasivos.
En ese marco, Córdoba tiene una participación en torno a nueve por ciento sobre la coparticipación secundaria, de tal forma que los ingresos que dejaría de recibir la Provincia se ubicarían levemente por debajo de 300 millones de pesos anuales.
Obviamente, por ahora es todo una estimación muy aproximada hasta tanto se conozcan datos finos respecto a la recaudación de Ganancias por retenciones a jubilados de todo el país.
En cualquier caso, se trata de un monto que para la Provincia de Córdoba es ciertamente marginal. De hecho, representa 0,1 por ciento de los 221.025 millones de pesos que la Provincia presupuestó como erogaciones totales para este año.
La posición de Hacienda
“En 2018, el total de retenciones de Anses por impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados fue de 5.748 millones de pesos, de los cuales 3.600 millones de pesos correspondieron a haberes mensuales y 2.088 millones de pesos a retenciones sobre sentencias”, señaló una fuente del Ministerio de Hacienda.
En este sentido, se aclaró que “el costo fiscal para la Nación es de aproximadamente 50% de los montos que se dejen de retener, dado que el impuesto a las Ganancias es un impuesto coparticipable”.
“La medida alcanza no sólo las retenciones de ganancias que realiza la Anses sino también las cajas provinciales”, aclaró la fuente.
En este contexto, se recordó que “el pago de Ganancias de los jubilados está establecido por una ley que indica que todos los que reciben más de seis jubilaciones mínimas ($62.462,22), deben pagar el impuesto”.
“Sólo dos por ciento de los jubilados de Anses gana más de seis jubilaciones mínimas, aproximadamente 150.000 personas, con lo cual el impacto es marginal”, explicó.
Si bien el fallo de la Corte de ayer impactó sobre un caso específico que luego beneficiará a otros miles que están con juicios iniciados, el pronunciamiento sugiere que sea el Congreso el que avance sobre una Ley que contemple la jurisprudencia sentada.
El Iaraf, crítico
En tanto, ayer se conocieron diferentes posturas respecto a la decisión de la Corte, entre ellas la del defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Cemino, quien ponderó la decisión.
Por el contrario, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cuestionó la medida.
El documento elaborado por los economistas Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Andres Mir defiende la progresividad del impuesto a las Ganancias y recuerda que ese tributo se cobra a los jubilados en prácticamente todos los países de la región.
El informe considera que no hay doble tributación, tal como argumentaron la mayoría de los miembros de la Corte. En forma paralela, recordaron que la decisión deriva al fin en parámetros muy disímiles respecto al mínimo no imponible de Ganancias. Hoy un jubilado tributa cuanto percibe más de seis jubilaciones mínimas, esto es 62.462,2 pesos.
En tanto, un trabajador en relación de dependencia comienza a tributar desde 38.300 pesos mensuales y un autónomo, desde 21.462 pesos.