El gobierno de Córdoba resolvió anular los contratos de las obras de gasoductos.
Lo hizo saber ayer mediante un comunicado en su página web, en el que detalla que resolvió “instruir a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento-SEM (ACIF) a fin de que proceda a la rescisión de los contratos de obra suscriptos con Andrade Gutierrez SA, IECSA SA-UTE, para la ejecución del Proyecto Ejecutivo, Provisión de Materiales y Construcción de las Obras de Infraestructura para la Gasificación por Ductos de los sistemas Regionales Centro, Sur y Ruta 2 y Norte y Este, en el marco del Programa de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba.
Se trata de una licitación que había sido lanzada en el año 2008 por el gobierno de Juan Schiaretti. En ese momento se llamó a licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, estableciéndose que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos 75% del precio de la obra.
Ganó la licitación una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Andrade Gutierrez SA (Brasil), IECSA SA (Buenos Aires) y Britos SA (Córdoba), las que propusieron el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES), de Brasil.
Los contratos se suscribieron en el año 2009 y comenzaron los trámites ante Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central para tornar operativo el crédito del BNDES.
Luego, la empresa Britos SA resolvió desvincularse de la UTE que integraba con Andrade Gutierrez SA y IECSA SA, quedando estas dos compañías como las únicas contratistas de la obra.
Según reseña el comunicado oficial, en junio de 2011 se lograron concluir los extensos trámites para el financiamiento, y así la provincia avanzó con el diligenciamiento ante el Banco de la Nación Argentina, para que aprobara la apertura de las cartas de crédito a las importaciones, a fin de poner en marcha el contrato oportunamente firmado.
El directorio del Banco Nación resolvió girar nuevamente el expediente a Economía, desde donde “no volvió a salir pese a las intimaciones efectuadas por la Provincia de Córdoba”, según aseguran desde el gobierno local.
El BNDES notificó que la operatoria había caducado, con lo cual la licitación se anula dado que las empresas oferentes no tienen el financiamiento de las obras, condición indispensable para el otorgamiento del contrato.