viernes 18, octubre 2024
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El Gobierno activó una resolución para auditar las universidades

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El Gobierno nacional avanza con una normativa para auditar las universidades nacionales.

De acuerdo con un documento que difundió Infobae, firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el dictamen de Barra.

Para el funcionario, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N° 24.521″.

La decisión se la habían comunicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo a los diputados del PRO y del MID que participaron de las habituales reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.

Un día después de aquel encuentro, se firmó el dictamen en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.

Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la Sigen a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.

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