ESCUCHAREl Gobierno deberá bajar el déficit fiscal del 2,5% del PBI al 1,9% para cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para eso, el organismo pide bajar el gasto en asistencia social y en pensiones, a través de menos planes Potenciar Trabajo y evitando moratorias, y seguir profundizando la baja en subsidios energéticos. Pone foco en “contener las presiones de gasto” en un año electoral, aunque también alerta por el efecto del “descontento social”.
Por otro lado, también menciona pendientes en cuanto a la recaudación: espera para fines de diciembre un trabajo de AFIP sobre cómo mejorar la performance, pide mejorar lo recaudado de impuestos como el de bienes personales, y anticipa que el acuerdo de intercambio de información automática de cuentas con Estados Unidos puede “ayudar a mejorar ingresos si se administra de forma transparente”. Así surge del informe que realizó el FMI en el marco de la aprobación de la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas.
En el apartado sobre discusión de las políticas, el informe hace referencia a la política fiscal. “La consolidación fiscal debe continuar en 2023 y contener las presiones de gasto”, asegura el documento. En base a lo aprobado en el presupuesto para el año que viene, “la consolidación está sustentada principalmente por una reducción en los subsidios (0,6% del PBI), del sector energético, agua y transporte, una racionalización de la asistencia social (0,8% del PBI), con la cancelación de bonos de emergencia y mejoras en la focalización de los beneficios)”.
Los otros gastos que caen en 2023, en base a lo acordado entre el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, y el FMI, son: gastos en salarios (0,1% del PBI), las pensiones (0,2% del PBI), las transferencias a provincias (0,1% del PBI). Los gastos de capital se mantienen sin cambios en 1,6% del PBI. Dado que la recaudación en términos de PBI cae en 2023 según las proyecciones, a la baja del déficit primario en año electoral se llega con una baja del gasto, del 20,5% del PBI a 18,7%.
Además, el FMI pide “esfuerzos” para contener la masa salarial del sector público (“a través del congelamiento de las contrataciones en todo el sector”) y las jubilaciones, “evitando las moratorias”. El documento asegura que estas medidas son necesarias para “proteger” los proyectos de infraestructura clave, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y “absorber los costos de llevar a cabo las elecciones presidenciales del 2023”, estimados en 0,2% del PBI.
De hecho, deja por escrito una meta fiscal que debería cumplirse en el primer semestre: “Para ayudar a fortalecer la credibilidad de la política y los objetivos de desinflación, el déficit primario se limitará al 0,8% del PBI durante la primera mitad del año próximo”. Aunque sin mencionar las elecciones, esto significa que en el primer semestre el déficit primario deberá ser del 0,8% y luego quedará otro 1,1 puntos para el segundo.
Si bien el FMI y Argentina acuerdan metas trimestrales y semestrales en cuadros que figuran en el documento, que la aclaración figure en el texto es leído por algunos analistas como una “marcada de cancha” para que no se desborde el gasto en año electoral, y evitar lo que ocurrió en el primer semestre de este año, que el gasto interanual crecía al 12%, mientras que para cumplirse la meta ahora se registran caídas en términos reales, con las consecuencias que eso tiene. “El descontento social aumentó en medio de la restricción del gasto y cierta caída en los salarios reales”, analiza el informe. En conjunto con la baja del gasto, el reporte le da la “bienvenida” a los signos de una demanda interna que se suaviza, lo que podría ayudar a una mejora en la balanza comercial.
Además de mejorar la focalización de los subsidios a la energía para asegurar el “éxito” de la consolidación fiscal, el documento asegura que también “se requiere mejorar la calidad y focalización del gasto social”. De hecho, el FMI espera para enero que concluya la auditoría de los planes y que para marzo del 2023 que se termine de ejecutar la estrategia de “focalización” de los Potenciar Trabajo, “que crecieron de manera constante desde 2015, pero particularmente durante la pandemia”. Agrega que se eliminaron 20 mil beneficiarios “no elegibles” y que “se esperan más reducciones durante el transcurso del próximo año, mientras se están desarrollando planes para limitar el beneficio para aquellos que reciben otras transferencias del gobierno”.
Sobre las jubilaciones, uno de los mayores gastos del Estado, el FMI espera un informe con opciones para mejorar la sustentabilidad del sistema. “Los primeros diagnósticos identifican la fragmentación del sistema, en particular la generosidad de los múltiples regímenes especiales para diferentes ocupaciones, aunque la elaboración de propuestas de reformas específicas solo será plausible después de las elecciones”, destaca el texto.
