ESCUCHAREl pronunciamiento del organismo multilateral de crédito se conoció este lunes, luego de que la Administraciòn nacional requiriera su evaluación técnica
Un día previo al vencimiento del nuevo plazo para que los acreedores privados del país que poseen títulos de deuda emitidos en dólares decidan su adhesión a la reestructuración propuesta por el Gobierno o presenten su propia propuesta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la oferta argentina a los bonistas es “consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda”.
El comunicado técnico en el organismo multilateral de crédito realizó esta observación se conoció ayer a la siesta. En tanto, en horas de la tarde de ayer se informó que una nueva prórroga de las negociaciones con acreedores estaba a horas de ser presentada ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC), con fecha 12 de junio. Así, el Gobierno nacional espera contar con diez días más de la última fecha tope anunciada el 21 de mayo pasado.
Por su parte, mostrando respaldo al proceso de negociación, el FMI indicó ayer que “preparó un análisis de la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas como parte de la asistencia técnica en curso”, en apoyo a la oferta presentada por el Gobierno a los acreedores.
“El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”, expresó el FMI.
Además, el organismo sostuvo que existe “sólo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico”.
En tanto, consideró también que los supuestos macroeconómicos contenidos en la Nota Técnica elaborada en marzo pasado -cuando el organismo evaluó que la deuda argentina era “insostenible” y que se debía implementar una “quita sustancial”- continúan “sujetos a incertidumbres excepcionales, particularmente con respecto al impacto de la pandemia del Covid-19, que implica considerables riesgos a la baja para las perspectivas económicas, la posición fiscal y, potencialmente, la capacidad de carga de la deuda”.
Vale señalar que la semana pasada, el Gobierno elevó una nueva propuesta que mejoró la oferta original presentada ante la SEC el 17 de abril pasado, que fue rechazada por los principales grupos de acreedores.
En referencia a esll, el FMI determinó “la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades del 26 de mayo daría como resultado necesidades brutas de financiamiento y servicio de deuda denominado en moneda extranjera que caen marginalmente por debajo de los umbrales de mediano plazo de cinco por ciento del PIB y de tres por ciento del PIB, respectivamente, que se considera necesario para restablecer la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad”.
Además, según se estima, con estas condiciones, el cociente deuda/PIB se mantendría estable más allá de 2030; las necesidades brutas de financiamiento y el servicio de deuda en moneda extranjera seguirían siendo manejable después de 2030; y el servicio de la deuda a los acreedores privados en 2020-24 sería lo suficientemente bajo como para mitigar los riesgos de refinanciamiento a corto plazo.
Extensiones
Originalmente, la propuesta a los acreedores presentada por Guzmán el pasado 16 de abril incluía en términos generales un “período de gracia” de tres años en el que no se pagarán ni capitales ni intereses, además de que se disponía de una quita del 62% sobre los intereses de los títulos de 5,4% en el capital.
En principio, esta oferta vencía el 8 de mayo, pero el plazo fue postergado en distintas ocasiones: primero hasta el 22 del mes pasado y luego hasta hoy 2 de junio.
En el medio, se fueron realizando diferentes gestiones para lograr el apoyo de los inversores, del FMI y de las diferentes fuerzas políticas y actores sociales argentinos.
Aún así, todavía no se han tenidos buenos resultados para el canje, por lo cual las conversaciones continuarán hasta el próximo día 12.
Esta posibilidad ya había sido adelantada en un comunicado de la cartera de Economía correspondiente al pasado 28 de mayo, en el que precisó que “Argentina y sus asesores pretenden continuar con las discusiones con los inversores para promover una reestructuración de deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, a mitigar las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina creadas por su actual carga de deuda, y a orientar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento de largo plazo”.
En total, se trata de US$66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 10 y 20 años.
Default
Un comité internacional activó los seguros de bonos de Argentina
El comité internacional que determina la suerte los credit default swaps (CDS), como se denomina a los instrumentos financieros derivados de los bonos de Argentina y que consisten en seguros contra impagos, calificó ayer como un “evento de default” el incumplimiento en el que incurrió el país 22 de mayo pasado y decidió activar el pago de seguros por dichos papeles.
De esa forma, se gatillaron seguros contra incumplimientos de papeles soberanos del país por un valor de US$1.400 millones, según estimó el ISDA, las siglas en ingles de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados.
Si bien esta resolución no tiene implicancias fiscales para el país, ya que se trata de otro mercado, de un derivado de un bono argentino y no del título original soberano, lo cierto es que el comité directivo del ISDA -integrado por 14 entidades- votó de manera unánime la consideración de que fue un evento de default.
Según el comunicado difundido este lunes por el ISDA, en otra votación también se decidió realizar una subasta a fin de liquidar los swaps de default crediticio de Argentina.
El comité de votantes estuvo compuesto por representantes de bancos de inversión y varios de los acreedores más grandes de la Argentina, incluido Paul Singer, dueño del fondo Elliott Management, quien litigó contra el país por el default de 2001.
La lista se completa con Pimco, gran acreedor de bonos bajo ley extranjera y ley nacional, y las siguientes entidades: el Bank of America, Barclayś, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank, Mizuho,Citadel, AllianceBernstein y Cyrus Capital.
