El Estado se queda con 67 de cada 100 pesos que genera el campo

Así se desprende de un informe de la Fundación FADA. El cálculo tiene en cuenta los distintos niveles de gobierno y se realiza sobre una rentabilidad promedio.

La Fundación FADA, con base en Río Cuarto, volvió a calcular cuál es la participación del Estado (en sus distintos niveles) sobre la rentabilidad promedio de las producciones agrícolas, tomando en cuenta los cuatro cultivos principales.

Aunque cabría esperar que en el actual contacto de fuerte sequía (donde se preanuncian pérdidas para los chacareros de hasta 10 mil millones de pesos) esta presión hubiera bajado por solidaridad pública de aflojarle la soga a los productores, los datos revelan lo mismo que muestran cada tres meses: el Estado sigue siendo el socio mayoritario en toda explotación agrícola.

“El Índice FADA arrojó un aumento de 5 puntos con respecto a la medición anterior de octubre de 2022. Uno de los motivos es la profunda sequía que atraviesa el país, lo cual hace que los rindes disminuyan”. Así, el indicador de la presión fiscal que soporta una hectárea agrícola argentina cerró en 67,2%, que equivale a decir que en impuestos de todo tipo se van 67 pesos de cada 100 pesos que se generan en la misma.

La presión fiscal está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 70,5% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina, debido sobre todo a la alta incidencia de las retenciones, a las que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Este tipo de impuestos son los que luego distribuye discrecionalmente el gobierno nacional en distritos alejados de la generación de divisas, con fines exclusivamente políticos y no productivos.

Hay otro 23,8% de impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y las provincias, conformado principalmente por el IVA y sus saldos técnicos.

Las provincias añaden otro 5% de los impuestos totales y por último los impuestos municipales representan el 0,8% del total.

Lo que se expresa aquí, al menos por ahora, es que estos tres estamentos de la administración pública están siendo absolutamente egoístas con los productores agropecuarios y sus comunidades, que por ahora cargan solos con todas las facturas que deja la sequía, que entra en su tercer verano seguido.

“Uno esperaría que si la producción baja, sea por sequía o el motivo que sea, la presión de los impuestos también baje. Sin embargo, por la estructura tributaria que pesa sobre la producción agrícola, un evento adverso como la sequía, en lugar de reducir el peso de los impuestos, lo aumenta. Esto es debido a que, el impuesto con mayor participación es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, explicó David Miazzo, el economista Jefe de FADA.

Que baje la producción por la sequía -y esto ya ha sido verificable en el caso del trigo y los cultivos de invierno- también hace que se alteren los saldos de IVA de los productores, indicó el informe de la Fundación integrada por productores cordobeses.

Los productores agrícolas no sólo se ven afectados por una mayor carga tributaria, sino que una reducción sustancial de la producción genera pérdidas económicas y dificultades para pagar deudas y compromisos. En este tipo de situaciones, si bien todos los productores se ven afectados, los más chicos tienen menor capacidad para absorber el impacto y corren el riesgo de salir de la actividad, favoreciendo la concentración en la tenencia de la tierra, efecto contrario a las banderas que dice defender el gobierno nacional.

“Una sequía de esta magnitud no sólo es una mala noticia para los productores, sino para toda la Argentina”, advirtió FADA, que en sus cálculos confirmó las estimaciones de pérdidas en exportaciones agrícolas de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. “Por otro lado, la sequía le puede restar unos 3 puntos al PBI, ya que se reduce la actividad económica, porque hay menos producción, transporte, industrialización y exportación. Estos efectos se sentirán en mayor medida en los pueblos y ciudades del interior productivo, donde la producción agropecuaria representa la actividad económica principal”, se explicó.

En ese sentido, mientras el índice FADA nacional se ubicó en 67,2%, en Córdoba registra un 68,3%, en Buenos Aires 64,8%, en Santa Fe 63,1%, en La Pampa 69,1%, en Entre Ríos 69,2% y en San Luis 68%.

Apuntó la FADA que “en todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta”.

A nivel municipal, mientras tanto, Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

“Con un esquema tributario en el que la mayoría de los impuestos son nacionales no coparticipables se pone en jaque el federalismo fiscal y causa que mucho de lo que se produce en las regiones no vuelva”, advirtió Miazzo. Y completó: “El anti federalismo de la estructura tributaria resalta aún más en momentos adversos como el que se vive con la actual sequía, ya que un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias pierde peso, mientras que los derechos de exportación ganan participación”.