ESCUCHARLa ONG advierte de que Argentina tiene un nivel de puestos de trabajo similar al de los países del primer mundo con políticas públicas de naciones en vía de desarrollo.
En la última década, Argentina registró un fuerte incremento del empleo público, no sólo en el Estado nacional sino también (y sobre todo) en las provincias. A partir de estos datos, hay quienes argumentan que el crecimiento registrado fue desmedido y quienes señalan que el aumento del trabajo estatal se relacionó con un incremento de los servicios públicos que benefició a la población.
La investigación “Radiografía del empleo público en Argentina. Quiénes hacen funcionar la maquinaria estatal”, elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), puso la lupa sobre el perfil del empleado público argentino con base en datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que abarca a la población urbana del país.
Según estimaciones del Cippec, los trabajadores públicos representan cerca de 18% de los ocupados de Argentina -casi 3,9 millones de personas-, superando el promedio observado en América Latina (12%), aunque por debajo de países desarrollados como Francia y Canadá, entre otros. Para el Cippec, esta diferencia puede explicarse, en parte, por la diferencia en alcance y composición de los servicios que prestan los distintos países.
Respecto de la distribución del empleo público en el territorio nacional, el informe destaca que 80% de los empleados trabaja en las estructuras estatales de las provincias y los municipios. En consecuencia, el sector público nacional explica apenas un tercio del empleo público total, ello como resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años 70 y continuado luego a lo largo de los 90.
En materia de educación, la ley 24049, de 1991, transfirió a las provincias la administración de las escuelas nacionales secundarias y para adultos y la supervisión de las escuelas privadas. También traspasó el personal docente, técnico, administrativo y de servicios generales a la planta provincial.
En salud, la ley 21883, de 1978, y la 24061, de 1991, transfirieron a las provincias los hospitales públicos.
Pese a todo, Cippec advierte de que “la intensidad del crecimiento del empleo estatal no se comporta en forma homogénea para los tres niveles de gobierno”. En términos relativos, el Estado nacional registró el mayor crecimiento en la cantidad de empleados.
El estamento nacional de gobierno incorporó a 170.131 nuevos agentes, lo que representa un incremento de 29%, entre 2010 y 2014. No obstante, el cuadro general del empleo público en Argentina muestra que las provincias y los municipios emplean ocho de cada 10 de los trabajadores estatales en Argentina, según esa ONG.
Esta situación ha hecho que el peso del gasto del sector público consolidado, que incluye los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, supere hoy 40% del producto bruto interno (PBI), según lo que subraya Cippec en otro tramo de su extenso trabajo.
En cuanto a la caracterización, seis de cada diez empleados públicos que trabajan en Argentina lo hacen en las áreas de Educación, Salud y Seguridad, y un tercio del total en la Administración Pública.
¿Un Estado grande o chico?
El estudio explica que en la última década, el Estado argentino expandió sus fronteras de funcionamiento, con un correlato en el crecimiento notable de la estructura del sector público nacional. Entre 2003 y 2015 se crearon seis nuevos ministerios, 21 organismos descentralizados, 20 nuevas universidades y ocho empresas estatales.
Así, el Estado amplió su participación como proveedor de bienes y servicios, en particular en las áreas de transporte y energía, dando marcha atrás en varios procesos desregulatorios y de privatizaciones emblemáticas, como fue el caso de YPF.
Pese a todo, Cippec considera en su trabajo que “centrar el debate en el tamaño óptimo de un Estado no parece ser el mejor camino para dilucidar la problemática”. El camino, por el contrario, es reflexionar acerca del tamaño de Estado en Argentina y la calidad de las políticas públicas.
“Contamos con niveles de empleo público relativamente cercanos a naciones del primer mundo pero con políticas públicas cuya calidad es más bien propia de países en vías de desarrollo”, concluye.
En ese sentido, el informe destaca como fundamental la necesidad de fortalecer y sofisticar los mecanismos de reclutamiento y selección para el ingreso de los trabajadores al Estado, tomando en consideración que los perfiles y habilidades profesionales del empleo público no resultan homogéneos ni están distribuidos en forma similar en los diferentes estamentos de gobierno.
Por mencionar un ejemplo, Cippec destaca que los procesos de incorporación y formación de los docentes no responden a la misma lógica que los criterios de selección de trabajadores para desempeñar tareas en el interior de la administración pública.
A su vez, subraya que en diciembre de 2015 solamente para el sector público nacional existían más de 50 regímenes laborales diferentes coexistiendo entre sí y regulando los criterios de ingreso, carrera y compensaciones en los 18 ministerios, 88 organismos descentralizados y 51 empresas públicas.
“Cabe destacar que el déficit de un marco normativo homogéneo ha multiplicado formas de contratación que confluyen en situaciones de inequidad y precarización laboral en la órbita estatal para los tres niveles de gobierno”, concluye Cippec.
