El Congreso debatió por las facultades delegadas al Ejecutivo

El bloque del Frente para la Victoria (FpV) sumaba anoche a los aliados K, lo que lo colocaba a un paso de la media sanción para el proyecto de ley que prevé la prórroga por un año de las facultades delegadas al Ejecutivo.
La sesión especial había sido convocada en la mañana de ayer, tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
La oposición parlamentaria intentaba, al cierre de esta edición, torcer la decisión de varios legisladores con el fin de quitarle las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero el oficialismo se quedaba con la votación debido a que contaba con 16 aliados de la centroizquierda que votarían a favor de la prórroga.

De esta forma, un paquete de 1.900 leyes (cuya cesión vence el 24 de este mes) continuará en manos del Ejecutivo por 240 días, con la posibilidad de una única prórroga por 30 días más, según el proyecto que desembarcó desde la Casa Rosada y fue retocado en la Comisión de Asuntos Parlamentarios. La iniciativa señala también que una comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores tendrá que revisar durante seis meses cuáles de esas facultades seguirán en manos del Ejecutivo y cuáles no.
El proyecto recibió el rechazo de la UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el socialismo, que anticiparon su irremediable voto en contra, mientras que el Proyecto Sur no se conformó con los retoques de Comisión y adelantó que se abstendría de levantar la mano. Los aliados al oficialismo coincidieron en apoyar el proyecto porque no quieren “poner en peligro” la gobernabilidad “ni entregarle el país a la Mesa de Enlace” agropecuaria.

Retenciones

Dentro del paquete discutido se encuentra el Código Aduanero, que permite fijar el nivel de retenciones a las exportaciones agropecuarias, que fue el centro del debate desde el arranque, ya que los bloques opositores abrieron fuego coincidiendo en que quieren llevar a cero todas las alícuotas y bajar a 25% las de soja. El oficialismo, en tanto, utilizó “la necesidad de sostener la gobernabilidad y la solvencia fiscal” como herramienta para defender su postura y ratificó, en palabras de Rossi, que no prevé cambiar el modelo económico impulsado desde 2003.