Un informe elaborado por el módulo de políticas económicas del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) sostuvo que, con el bono de $6.000 para 4,6 millones de jubilados y pensionados anunciado por el Gobierno, “las jubilaciones mínimas superarán a la inflación en este comienzo de año”, en el marco del cálculo actual de haberes
Según se confirmó el pasado lunes, la compensación será de $6.000 para jubilados y pensionados que perciban ingresos hasta un haber mínimo, equivalente a $32.630, mientras que quienes tengan ingresos entre esa cifra y $38.630 recibirán la diferencia hasta completar el haber tope.
En ese sentido, el reporte destacó que “entre diciembre 2020 y marzo 2022, las prestaciones de la Anses se incrementaron un 71,4%, más de 8 puntos por encima del 63,3% de aumento” que hubiese asignado la anterior fórmula de movilidad jubilatoria.
De acuerdo al trabajo académico, entre diciembre 2020 y abril 2022, un jubilado de la mínima percibió ingresos por $440.227 considerando las cinco movilidades de marzo, junio, septiembre, diciembre 2021 y marzo 2022, así como también los bonos otorgados.
“En ese mismo período, si sus haberes se hubiesen ajustado por inflación, un jubilado de la mínima hubiera acumulado un total de $437.634 de ingresos. Es decir, gracias a las políticas de aumento en los últimos 16 meses las jubilaciones y pensiones mínimas recibieron $2.593 más que si sus haberes se hubiesen actualizado por inflación (un 0,6% más)”, resaltó el documento.
“La fórmula de movilidad actual resulta ser eficiente en la recuperación del poder adquisitivo”, agregó la Undav y concluyó que “se acumularon 8 puntos de diferencia entre ambas fórmulas solo en 5 trimestres de aplicación, dando por finalizado el debate respecto a buenas y malas fórmulas de movilidad”.
Multas
Por otro lado, en el marco del férreo control de precios que está llevando adelante el Gobierno, ayer se conocieron las sanciones dispuestas para la empresa Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra).
En detalle, aplicaron multas por un total de $445.106.597, por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cártel institucionalizado”.
La medida se dispuso a través de la resolución 332/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario Roberto Feletti, quien días atrás tuvo una controversia con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina“.
Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, el mismo monto para FAIM; $93.974.602 para CIM y $51.131.995 para Apymimra.
Tales sanciones son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017 con la denuncia de Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), cuyo dictamen de 110 páginas está incluido como anexo de la resolución.
Una vez conocida la medida, la empresa y FAIM manifestaron en sendos comunicados de prensa el rechazo a la sanción.
Molino Cañuelas la rechazó por “falta de sustento e ilegal”, ya que “se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó”.
Asimismo, señaló que “no tiene por sí sola la facultad de decisión” en una federación de la que participan “más de 70 molinos con un régimen de voto individual en la Comisión Directiva”.
Por su parte, la FAIM consideró que la resolución es “groseramente arbitraria” y la multa “exorbitante e infundada”.