ESCUCHAREn una conferencia de prensa, el diputado provincial de Santa Fe, Rubén Giustiniani, presentó parte del contenido del acuerdo. Reveló que éste no contempló una inversión directa
El diputado provincial de Santa Fe (socialista) Rubén Giustiniani difundió ayer el contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta y explicó que la operación se realizó mediante una serie de compañías offshore radicadas en paraísos fiscales, en la cual no hubo una inversión directa sino un préstamo.
El ex senador nacional divulgó en una conferencia de prensa que el cuestionado contrato “fue entre dos empresas offshore radicadas en paraísos fiscales”.
Las dos firmas en cuestión son Chevron Overseas, radicada en Islas Bermudas, e YPF Shale Oil Investment One, con sede en el distrito estadounidense de Delaware.
El contrato en cuestión había otorgado la concesión por 35 años de la principal zona en Neuquén de recursos naturales no convencionales del país. Se trata del yacimiento Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional.
“En la primera frase del acuerdo consta que Chevron Overseas es prestamista e YPF Shale Oil Investment One es tomador, o sea que no es una inversión directa sino un préstamo que una subsidiaria off shore da a otra subsidiaria offshore”, reveló el legislador en una conferencia de prensa en el hotel Apart Congreso de la Capital Federal.
La estructura de sociedades off shore, según explicó Giustiniani, se inicia desde YPF, que tiene el control de una offshore en Uruguay llamada Wakle Investment SA, que a su vez posee YPF Shale Oil Holding LTD (con sede en Bermudas) y que tiene 100% de YPF Shale Oil Investment One.
Esa última firma es la controlante del punto final, que es una SRL en Argentina, llamada Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC), empresa subsidiaria que va a actuar con el operador, que es YPF.
A su vez, YPF Shale Oil Investment One tiene el control de YPF Shale Oil Investment Two, también con sede en Delaware, que tiene 10% de CHNC SRL.
“Lo que se planteó como una operación normal abre dos grandes interrogantes: todos sabemos que las off shore se hacen para evadir impuestos, por lo cual puede que exista un perjuicio al fisco argentino”, mencionó el diputado santafesino.
En segundo término, Giustiniani se preguntó si mediante “este esquema sofisticado se licúa la responsabilidad de Chevron porque no aparece nunca”.
“Se iniciará un estudio de este contrato con detenimiento y se pondrá a consideración de las organizaciones gubernamentales y periodistas para ver si hay perjuicio al país con este tipo de operatorias”, por lo que se entregará una copia al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoria del Pueblo, agregó el legislador.
Estrategia judicial
El diputado socialista consideró la obtención para dar a publicidad el contrato como “un triunfo del derecho de acceso a la información y de la transparencia”.
Y reseñó: “Fuimos a la justicia porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013 nos contestó que no tenían obligación de dar ninguna información porque eran una sociedad anónima”.
Luego, se presentó un amparo que, el 10 de noviembre de 2015 después de un largo recorrido en la justicia, la Corte Suprema, “en un fallo ejemplar”, dijo que la información no es del Estado. El Máximo Tribunal indicó que “el pueblo de la Nación argentina tiene el derecho de acceso a la información y ordenó a YPF a entregar una copia del contrato”, dijo Giustiniani.
“Desde ese momento pasaron 330 días de chicanas judiciales que comenzaron en febrero, cuando YPF no quería entregar la copia y entregó una llena de tachaduras, en un 70 por ciento, alegando confidencialidad”, explicó.
Por último, la Justicia la obligó a hacer una entrega del contrato y el viernes al mediodía Giustiniani recibió finalmente el contrato.
En la conferencia, el diputado estuvo acompañado por el senador Fernando Solanas; la diputada Alicia Ciciliani; el presidente de la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino; el líder de Unidad Popular, Claudio Lozano, y el ex fiscal anticorrupción y diputado Manuel Garrido.
