El Gobierno provincial contrató a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para que realice una auditoría de corte de la denominada deuda flotante al 30 de septiembre pasado.
Concretamente, mediante una resolución firmada por Susana López de Vairan, directora de Administración del Ministerio de Finanzas, los profesionales deberán realizar un “servicio de revisión y cuantificación del stock de deuda flotante”.
La contratación directa tendrá un costo de 290 mil pesos.
En el anexo de la resolución, se detalla que el trabajo deberá incluir a la Administración General y a todas las agencias.
El objeto es “determinar la correcta exposición del stock de deuda flotante y brindar sugerencias particulares que pudieran visualizar a los fines de eficientizar los procesos de determinación, registro y exposición”.
El plazo de ejecución será de cuatro meses y el trabajo final deberá presentarse en diciembre próximo.
El equipo de trabajo estará integrado por profesionales del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Economía, liderados por Ernesto Resk -como director- y Roberto Iparraguirre, como investigador senior. Completarán el equipo Marcelo Florensa, Nicolás Pérez Águila y María Victoria Catalano.
Respecto al trabajo, se considerará, como alcance del concepto de deuda flotante, “la definición brindada por el art. 54, segunda parte, de la ley 9086, que la define como a) La deuda del tesoro, entendida ésta como las obligaciones devengadas y no pagadas durante el ejercicio, b) La emisión de letras, pagarés u otros medios sucedáneos de pago cuando se cancelen dentro del ejercicio”.
La decisión del gobierno de auditar y revisar ese pasivo apunta principalmente a despejar definitivamente la polémica respecto del monto de esa deuda. Según la Provincia, al 30 de junio pasado, la deuda flotante era de 2.774,3 millones de pesos. En tanto, desde sectores de la oposición, por caso el Frente Cívico y el radicalismo, la ubican por encima de los 10 mil millones de pesos, según el período.