ESCUCHAREl titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Delegación Córdoba, Luis Lumello, dijo que la demora erosiona la situación de las empresas. Consideró que Schiaretti debería reflotar el descuento de certificados por medio del banco oficial. Admitió que puede haber más destrucción de empleo. Buscarán seducir a Fernández con plan de 40 mil viviendas
Por Alfredo Flury – [email protected]
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Delegación Córdoba, Luis Lumello, admitió que la actividad podría aún no haber encontrado un piso y que la destrucción de empleo podría profundizarse luego de haber perdido más de 10 mil puestos registrados en los últimos meses.
En ese marco, Lumello alertó sobre la drástica desaceleración de la obra pública y el atraso en los pagos de certificaciones de obra tanto del Gobierno nacional, como de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad local.
En esa línea, el directivo reclamó, como alternativa y para el caso de la Provincia, que el Gobierno reactive la línea de descuentos de certificados implementada oportunamente por Bancor pero que se cortó tres meses atrás.
Lumello habló con Comercio y Justicia en el marco de la presentación de las nuevas autoridades de la Cámara. En un encuentro en la sede de la entidad, también participaron Horacio Berra, Norberto Petrelli y Enrique Sargiotto, todos integrantes de la nueva comisión.
El panorama que afronta el sector fue eje de la conversación. El contexto hoy no ofrece ningún dato positivo y la perspectiva no parece ser muy diferente.
Plan de viviendas
Con todo, los dirigentes insistieron en la necesidad de que el futuro Gobierno nacional avance en un plan de emergencia que, específicamente, proyecte la construcción de 40 mil viviendas sociales en un plazo de dos años.
“Ese plan permitiría crear 30 mil empleos directos y 40 mil indirectos y exigirá una inversión de 25 mil millones de pesos anuales del Estado nacional y 15 mil millones a través del IPV”, resumió Lumello. En rigor, ese programa ya fue presentado por la CAC en el ámbito nacional a las autoridades salientes, por cierto ya sin poder decisorio en un tema tan de fondo. Ahora, será detallado a la administración de Alberto Fernández.
En el caso de Córdoba, el programa incluiría unas 2.500 viviendas. “En el caso de la ciudad de Córdoba faltan terrenos disponibles. El Gobierno provincial y el municipal, ahora del mismo signo político, deberían articular medidas para poder habilitar espacios”, consideraron.
La cámara instará al gobernador Juan Schiaretti y al intendente electo, Martín Llaryora, a que se interioricen del plan y busquen consensuar con el Gobierno nacional, siempre en caso que Fernández tome para sí la iniciativa.
Sin embargo, los empresarios no son muy optimistas sobre un trabajo en conjunto de las tres administraciones. Al menos a tenor de los antecedentes en materia de vivienda. Recordaron al respecto la traumática experiencia del denominado Hogar Clase Media en 2005, que terminó con la ejecución de un porcentaje mínimo del total de casas prometidas y luego de varios años. Entonces, la disputa política entre ambas administraciones, fue clave para que el programa fracasara.
Con todo, los empresarios también son críticos de la política de Schiaretti en materia de vivienda.
Es que, según indicaron, el plan que ellos proponen incluye la creación de empleo formal, a diferencia de los programas en marcha del Gobierno provincial que se focalizan en la entrega de materiales para la autoconstrucción.
De hecho, este medio le consultó a Lumello si ahora que el plan de 25 mil viviendas que lanzó Schiaretti estaba en suspenso por la falta de fondeo externo, la Cámara iba a pedir que el gobernador revisara ese programa y lo compatibilizara con la iniciativa que ellos proponen.
“Es una posibilidad. Todas las alternativas están abiertas”, señaló Lumello.
Atrasos y horizonte sombrío
En cuanto a la situación de la obra pública, admitieron que los atrasos en los pagos son hoy una preocupación, particularmente en el caso de la Municipalidad de Córdoba donde la demora de los circuitos burocráticos lleva a que un expediente de redeterminación de precios se extienda más de la cuenta. De todas formas, las demoras también llevan a la órbita del Gobierno nacional y de la Provincia. En esa línea, dijeron por ahora desconocer sí tanto Alberto Fernández como Juan Schiaretti avanzarán en el pago de esas deudas con algún bono o título a plazo, tal como en principio sí hará Llaryora en la comuna a partir de la declaración de la emergencia económica.
Sí, en cambio -pese a cuestionarlo porque los deja con una deuda bancaria en sus balances- los empresarios pidieron recuperar la línea de descuento de certificados de Bancor. Esa herramienta ya agotó los 7 mil millones de pesos de cupo disponible y quedó desactivada.
“Ahora que el plan de 25 mil viviendas está en suspenso, el Banco de Córdoba podría direccionar los fondos que tenía pensado volcar para ese programa para rehabilitar el descuento de certificados”, expusieron como alternativa. Las otras posibilidades desembocan casi exclusivamente en atraso en los pagos o en la entrega de un bono a plazo.
Finalmente, Lumello admitió que el panorama de la obra pública para 2020 no parece prometedor. Todo lo contrario. En el caso de la Provincia, observan que, sin crédito externo por un eventual default de la deuda a nivel país, Schiaretti no dispondrá de un volumen mínimo de fondos para poder avanzar con el plan de trabajos públicos que de hecho ya en el proyecto de Presupuesto muestra una drástica desaceleración.
“Sin posibilidad de direccionar ahorro corriente para obras, sin asistencia nacional en esa materia y con el crédito externo restringido, avizoramos un año muy complicado”, concluyó el empresario.
Fondos vía EPEC y Aguas
Mientras tanto y ante la posibilidad de no contar con recursos para financiar obras en sectores claves y específicos, el Gobierno provincial resolvió crear dos nuevos fondos que se cobrarán con la tarifa de Aguas Cordobesas y de EPEC. El denominado Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable (Fisap) fue incluido ayer de manera imprevista como un artículo extra del proyecto de Presupuesto 2020 que hoy votará la Legislatura. La recaudación de la tasa que se cobrará junto a la factura de Aguas Cordobesas, se destinará a la financiación y ejecución de obras en ese rubro en la ciudad capital.
El cargo extra tendría validez hasta el 31 de diciembre de 2020.
El monto será el equivalente al 9% en el período de facturación enero a junio y del 16% entre julio y diciembre. Siempre “sobre el importe neto total facturado a cada usuario, en cada período liquidado”, dice la norma.
El cargo fue duramente cuestionado por el concejal Juan Pablo Quinteros, quien recordó que el propio Gobierno provincial resolvió eliminar cobros extra de las facturas de servicios públicos.
En cuanto al Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (Fodep), ya aparecía reflejado en el proyecto original. Implicará un extra de casi 5% en la factura de EPEC y suplicará a fondos ya existentes. Será para financiar obras eléctricas en la provincia.
