ESCUCHAREl gobernador firmó el decreto que desactiva la Corporación Inmobiliaria Córdoba y nombra su liquidador. Por ahora no se enajenarán nuevos bienes.
El gobernador José Manuel de la Sota rubricó el decreto que desactiva la Corporación Inmobiliaria Córdoba (Corincor), al tiempo que procedió a designar a Oscar Alberto Farieri como “Liquidador ad honorem”.
La disolución de la Corincor, que había sido anticipada por el ministro de Finanzas, Ángel Elettore, a este medio días atrás, quedó confirmada ayer luego de la publicación en el Boletín Oficial del instrumento legal respectivo.
En ese marco, el gobernador instruye “al representante de la Provincia ante la Asamblea de Accionistas de la Corporación, a proponer y votar la disolución y liquidación de dicha sociedad en los términos de su Estatuto Social y la designación como Liquidador “ad honorem” al Cr. Oscar Alberto Farieri”.
Paralelamente, se faculta “al Ministerio de Finanzas a designar al organismo o a los organismos y/o dependencias del Sector Público Provincial a quienes se les transferirán los bienes inmuebles, muebles, y demás activos -incluyendo marcas y derechos intelectuales- y pasivos de la Corincor.
Asimismo se faculta al citado Ministerio a designar el organismo que asumirá las obligaciones y responsabilidades que le compete a la Corincor, en su carácter de Fiduciaria en los Contratos de Fideicomiso, celebrados en el marco de la Ley Nacional N° 24441”.
Por lo demás, en los considerandos de la norma se justifica la decisión en que, “en procura de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos, el Gobierno Provincial efectúa una constante revisión de sus estructuras. Que en esa dirección y teniendo en cuenta que la Corincor ha cumplido acabadamente las metas que le dieron origen, resulta conveniente proceder a disolver dicha Sociedad Anónima y transferir todas sus funciones a la órbita del Poder Ejecutivo”.
La Corincor había sido creada como parte de la ley 8836 de Modernización del Estado, votada en marzo de 2000.
El Capítulo 3 de esa norma se refiere a la entonces futura entidad: “Artículo 102.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A ., como sociedad anónima (…). Dicha Sociedad tendrá por objeto la administración y enajenación de los inmuebles que le transfiera el Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones de esta Ley”, señalaba la norma.
La entidad estaría “dirigida por un Directorio de cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo”, dos designados a propuesta del Colegio de Arquitectos y la Cámara de Corredores Inmobiliarios. La remuneración de los miembros del Directorio será establecida por el Poder Ejecutivo y deberá tener un nivel acorde con la responsabilidad e idoneidad propia de sus funciones”.
Desde su creación a la fecha, vendió inmuebles por unos 300 millones de pesos. De ese monto, 107,5 millones de pesos correspondieron al predio del ex Batallón 141, una de las ventas mas polémicas de las realizadas por la entidad.
