ESCUCHAREl Gobierno de Córdoba cubrirá 100% del costo a 196 mil usuarios. Quedan exentos 171.700 usuarios de EPEC y 129.500 de cooperativas. Hay duros cuestionamientos por la decisión. El costo extra para los excluidos es 300 pesos en promedio
El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó ayer los nuevos criterios de cobertura de la tarifa social eléctrica luego que la Nación resolviera eliminar los subsidios a ese beneficio desde el primero de enero pasado. La decisión aparece reflejada en dos decretos firmados por el gobernador Juan Schiaretti.
En la práctica, implicará que desde ahora 171.700 clientes de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) que gozaban del beneficio nacional quedarán sin esa cobertura.
Con todo, ese subsidio se mantendrá por tres meses y desaparecerá desde abril. Esa cobertura parcial será afrontada con fondos del Gobierno provincial.
Igual situación alcanza a 129.500 usuarios de cooperativas del interior que también contaban con ese beneficio.
Ayer, el tema volvió a generar controversia luego de que el Gobierno nacional publicara una solicitada en la que responsabilizaba a la Provincia por la quita de esa tarifa subsidiada.
Fue la respuesta de la Nación al contenido de una carta enviada por el Gobierno provincial con la firma del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, en la que explicaba a los beneficiarios que quedarían sin cobertura que por tres meses se les reconocería una parte del subsidio. Luego, desde abril, quedarían sin esa prerrogativa.
Pero también sumaron críticas las cooperativas eléctricas del interior. En ese marco, fuentes del sector consultadas por Comercio y Justicia aseguraron que esas entidades ven con “preocupación” el anuncio de la Provincia. En esa línea, reclamaron la extensión de la tarifa social cordobesa que, afirmaron, sólo alcanza a los usuarios de EPEC y consideraron que genera una situación de “injusticia” para el interior.
En ese marco, indicaron que si bien se ha “conversado” con la Provincia la aplicación del subsidio a los socios de las cooperativas, no hay avances para la concreción de ello. Insistieron en que las entidades no tienen chance de cubrir los costos para cofinanciar una tarifa social sin complicar sus números y, en algunos casos, ello podría derivar “en la quiebra” de algunas entidades.
Respecto a los cambios oficializados ayer, en la práctica implican que el primero de enero esos usuarios que quedan sin subsidio tendrán una suba promedio de 300 pesos mensuales en sus facturas, sin importar el consumo que tengan.
Desde la Provincia aseguran que parte de esos usuarios tienen “sobrada capacidad de pago” y que no debería corresponderle el beneficio.
En rigor, ocurre que los criterios de selección de parte de la Provincia para considerar elegibles a los usuarios de tarifa social son más estrictos que los que tenía la Nación.
De hecho, de los 367.700 beneficiarios de tarifa social eléctrica que tenía EPEC, ahora sólo quedarán 196 mil con el subsidio tal como existía hasta diciembre. El resto, es decir 171.700 usuarios, lo tendrán sólo por tres meses y a 50 por ciento de su cobertura original.
En las cooperativas, 129.500 quedarán en igual situación. Los 196 mil usuriarios que mantendrán el beneficio no tendrán cambios. Esto es, seguirán gozando de la tarifa social provincial y también de la nacional.
Respecto a la cobertura, el criterio de la tarifa social provincial (cubre parte del costo EPEC de distribuir la energía -Valor Agregado de Distribución-) incluye dos escalones: para carenciados se subsidia 50 por ciento del VAD para los primeros 150 kilovatios/hora por mes. Desde allí, los consumos extras pagan tarifa plana.
Para los indigentes, el primer escalón es 100% subsidiado. El resto, tarifa plana.
Desde la EPEC recordaron que el consumo promedio de un usuario residencial es de 184 kilovatios/hora por mes, por lo que el subsidio cubre prácticamente todo ese cupo.
En cuanto a la tarifa social nacional, ahora solventada por la Provincia y que cubre el costo energía propiamente dicho, para el caso de carenciados el subsidio alcanza al 100 por ciento para los primeros 150 kw y al 50 por ciento para los siguientes. Luego, tarifa plana. En tanto, para indigentes, se aplicará el mismo criterio.
El aporte total de la Provincia para solventar esos subsidios alcanza a 1.600 millones de pesos anuales, de los cuales 747 millones de pesos corresponden a la tarifa social provincial (ese aporte es el 60 por ciento de la cobertura que hace el Ministerio de Desarrollo Social, el resto lo cubre EPEC) y 896 millones de pesos son para neutralizar la quita de subsidios nacionales.
Respecto a los usuarios de las cooperativas que tenían tarifa social nacional y que suman 129.500, unos 48 mil podrían gozar del beneficio provincial -y también del nacional ahora cubierto por la Provincia- por estar dentro de las categorías de carenciados e indigentes. Con todo, esas gestiones entre las partes nunca terminaron de cerrarse.
“Creemos que la Provincia también debe atender esas realidades”, indicaron desde el sector.
Ayer, el mutismo de la Provincia fue contundente. “Está claro que hubo una quita de subsidios nacionales”, señalaron fuentes oficiales y recordaron la Resolución 366/2018 de Energía publicada el 2 de enero pasado en el Boletín Oficial de la Nación. De todas formas, fuentes consultadas por este medio, admitieron que en los próximos meses, antes de abril cuando se caiga plenamente el subsidio, debería haber avances en esas negociaciones.
Las cooperativas afirman que no tienen chances de asumir pago alguno para solventar esos beneficios. En todo caso, de las 204 entidades que tiene la provincia, la mayoría no tiene margen, aseguran.
Cruces políticos
Párrafo aparte para los argumentos y frases esgrimidos para cada parte para justificar una y otra postura. Por lo pronto, la carta enviada por el ministro López días atrás a quienes perderían el beneficio apuntaba a que la Provincia asumiría, con el esfuerzo de “todos los cordobeses”, el costo de cubrir en parte el subsidio hasta abril, cuando lo perderán definitivamente.
En tanto, la Nación aseguró que el argumento de la Provincia es falaz.
Nada parece exento de la compulsa política en marcha en un año electoral. Lo concreto es que la Nación eliminó los subsidios y dejó a las provincias a cargo de la cobertura y del criterio para neutralizar esa baja de aportes, según “sus posibilidades”.
Esa postura está explícita en la Adenda al Acuerdo Fiscal rubricado el año pasado entre las parte. La necesidad de la Nación de recortar gastos para alcanzar el objetivo de déficit primario cero apuró esa estrategia.
Con todo, aseguran que los acuerdos alcanzados (no ahora sino en los últimos dos años) mejoraron la posición fiscal de las provincias y les dieron chances de cubrir eventuales mayores costos, además de que son los distritos federales los más capacitados para saber quienes son los potenciales beneficiarios de esos beneficios conforme se trata de distribuidoras eléctricas de cada provincia.
Ayer, además de la solicitada difundida por la Nación, hubo expresiones de referentes de Cambiemos. Así, el diputado nacional Mario Negri ratificó su postura esgrimida días atrás en un posteo en la red social Twitter. En ese marco, dijo que la Provincia “mitió” en la carta que giró a los usuarios de tarifa social nacional que ahora quedarán sin cobertura.
“Tal como denuncié, no es cierto que Nación haya eliminado la tarifa social, esta es responsabilidad de las provincias”, indicó.
En tanto, el intendente Ramón Mestre diferenció la “verdad” que enarbola el Gobierno nacional en sus argumentos respecto al “populismo” de Unión por Córdoba.
“Que se hagan cargo de haber dado de baja la tarifa social de electricidad”, afirmó.
