ESCUCHARRedujo a la mitad los intereses por mora para deudas,sólo por pago de contado. También bajó anticipos para grandes contribuyentes. Busca fortalecer ingresos, entre otros objetivos, para afrontar el crecimiento sin pausa de los salarios, atados a la inflación. Analizan alternativas sobre cómo afrontar esa obligación
Por Alfredo Flury – [email protected]
La Municipalidad de Córdoba reformuló el plan de pagos permanente para cancelar deuda tributaria y no tributaria, que ahora incluirá una quita del 50 por ciento en los intereses de financiación, sólo por pago de contado.
En forma paralela, también reduce el pago del anticipo para el caso de grandes contribuyentes que adhieran a la iniciativa.
El objetivo es claro: fortalecer los ingresos, jaqueados por la crisis, para, entre otros objetivos, poder afrontar el creciente gasto salarial indexado por inflación.
“Hoy está confirmada pero estamos siguiendo día a día el tema y evaluando alternativas”, admitieron a Comercio y Justicia fuentes al tanto del tema.
Es que, con una inflación que será de entre 45 y 50 por ciento e ingresos que crecen entre 10 y 15 puntos porcentuales por debajo de los precios, pagar la cláusula gatillo a los municipales será de muy difícil cumplimiento sobre el cierre del año.
Días atrás, el intendente Ramón Mestre negó que se vaya a modificar la ordenanza vigente que, precisamente, habilita el aumento de salarios conforme un combo de inflaciones de diferentes distritos. Esa norma que es de cumplimiento mensual no fijó ninguna cláusula de “escape” para la comuna como sí lo hicieron los acuerdos que firmó el Gobierno provincial con los estatales y que de hecho ya renegoció.
Mestre sí admitió que el tema debería rediscutirse el año próximo. Sin embargo, la dinámica que adquirieron los precios tras la fuerte devaluación aceleraron el análisis de posibles alternativas para llegar a fin de año que por ahora desde la comuna evitan precisar.
En ese marco, el municipio reflotó un plan de facilidades de pago vigente.
Los cambios aparecen reflejados en el decreto 3068 firmado por Mestre y se refieren al plan de pagos activo desde marzo de 2016.
En los considerandos de la norma se alude a la necesidad de “facilitar a los cuidadanos el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Si bien no lo señala, es indudable que se busca sumar algún beneficio extra frente a las dificultades que apareja la crisis económica y que también se traduce en atrasos en los pagos de las obligaciones fiscales.
Concretamente, el régimen permite cancelar deuda tributaria en hasta 12 cuotas.
Sin embargo, para el pago de contado, el municipio redujo de tres a 1,5 por ciento los intereses resarcitorios, buscando incentivar esa alternativa.
El resto de los plazos se mantienen sin cambios, esto es, para todo pago en cuotas, los intereses por mora serán de tres por ciento mensual. En tanto, los de financiación varían: hasta tres cuotas, dos por ciento mensual; hasta seis cuotas, 2,5 por ciento y hasta 12 cuotas, tres por ciento mensual.
En el caso de los dos últimos plazos, la deuda debe asentarse por medio de una CBU bancario que será el que recaude cada cuota.
El plan permite cancelar todo tipo de deuda, esto es tributaria y no tributaria (radicada en el Tribunal de Faltas) ya sea en gestión administrativa o judicial.
Para pequeños contribuyentes, la cuota mínima será de 400 pesos.
En tanto, hay un capítulo dedicado a los “regímenes especiales”.
Ese concepto incluye, por caso, para los contribuyentes “Tipo 3” y grandes contribuyentes y “Tipo 4” de interés fiscal, entre otros, las condiciones serán similares a los anteriores sólo que, para el pago en hasta tres cuotas deberán integrar un anticipo de 15 por ciento de la deuda, menor al vigente hasta ahora. En tanto, hasta seis cuotas, el adelanto será de 20 por ciento del pasivo y llegará a 25 por ciento en casos en que el plan sea de hasta 12 cuotas.
En ningún caso, la cuota mínima podrá ser menor a 3.500 pesos para contribuyentes Tipo 3 y grandes contribuyentes y de 2.500 pesos para contribuyentes Tipo 4, contribuyentes de interés fiscal y demás casos.
Por lo demás, el plan incluye también deuda radicada en Procuración Fiscal, acreencias tributarias, acreencias no tributarias (multas al Código de Faltas), deuda con subasta autorizada, pasivos de contribución por mejoras y otros tipos de deuda, entre ellos por construcción de obras, publicidad, etcétera.
También se suman las deudas registradas en concepto de canon y generadas por incorporación de oficio.
En determinados casos, los pasivos a cancelar tienen determinadas condiciones de pago, intereses y cuotas mínimas, según la deuda de que se trate.
En cuanto al stock de deuda en juego, fuentes del municipio consultadas por Comercio y Justicia evitaron precisar una cifra aunque admitieron que ésta es varias veces millonaria.
En todo caso, la intención oficial es incentivar el pago de tributos cuando se acerca el cierre del año y la obligación del pago del medio aguinaldo además de los sueldos, con la particularidad que, en el caso del municipio, sigue plenamente activa la cláusula gatillo para los salarios.
Presupuesto
En tanto, fuentes del municipio aseguraron que “se trabaja” para presentar el proyecto de Presupuesto 2019 antes del 30 de este mes fecha límite impuesta por la normativa vigente.
De todas formas, no descartan que, llegado el caso, se prorrogue el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y, de esta forma, se postergue la fecha de presentación del Presupuesto, la Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) y el Código Tributario.
En rigor, esa situación ya se produjo en los últimos dos años y podría repetirse también en 2018.
Es que si bien el proyecto se rige por las pautas macroeconómicas que fija el Presupuesto nacional, hay temas aún pendientes, por ejemplo, la resolución de cuántos recursos destinará la Nación para atender los subsidios al transporte.
Si desaparecen los aportes, la comuna debería afectar algún recurso extra para morigerar el impacto en las tarifas que, según denuncia la Fetap, se dispararían hasta 40 pesos por boleto.
Asimismo, el proyecto de Presupuesto debería contener una autorización de gastos en materia salarial. Si los sueldos siguen atados a la inflación, será difícil pronosticar una erogación. Si bien el proyecto que está en el Congreso estima una inflación de 23%, a esta altura es arriesgado suponer que el nivel de precios estará en ese andarivel.
Ademas, prevé una caída de la economía de 0,5 por ciento cuando a esta altura ya se habla de un derrumbe más drástico.
