ESCUCHARLa Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados llevará adelante hoy una nueva ronda de consultas para reformar la ley de alquileres, en la que los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos y el sistema de actualización de los mismos.
El objetivo de estas reuniones es poder sancionar una nueva norma en la Cámara Baja antes de que finalice la primera quincena de mayo, tal como vienen reclamando los colegios profesionales inmobiliarios y las cámaras de desarrollistas urbanos (ver nota principal).
La comisión que conduce Cecilia Moreau (Frente de Todos) realizará una nueva ronda de consultas donde expondrán treinta invitados de asociaciones de inquilinos de todo el país, martilleros, inmobiliarias y propietarios, así como funcionarios de defensa del consumidor. De acuerdo con el cronograma de trabajo de la comisión, con esto concluirán las reuniones informativas y los legisladores se abocarán la semana que viene a analizar las diferentes propuestas para reformar la ley votada en 2020.
La comisión de Legislación General se reunirá entre las 13 y las 17 y además de varios representantes de inquilinos, estarán Alejandro Bennazar, de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Emilio Caravaca Pazos y Josefina Pantano, de la Federación Inmobiliaria de la Argentina; Juan Carlos Donsanto, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires; Andrés Gariboldi, del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios; y el director del programa de atención a inquilinos, Fernando Muñoz; entre otros.
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
