ESCUCHARFuncionarios y dirigentes destacaron la derogación de 69 normas que dispuso la Secretaría de Comercio de la Nación y plantearon que habrá “mayor transparencia”.
La medida se dispuso mediante la resolución 51/24, que indica que las regulaciones generaban “trabas y obstáculos al comercio” que solo generaron “incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.
En una publicación en X, el subsecretario de prensa Javier Lanari expresó que se trata de “resoluciones soviéticas diseñadas para complicar al sector privado” y que con su eliminación habrá “menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores”.
En la misma red social, Santiago Migone, jefe de asesores de la Secretaría de Comercio, afirmó en X que las mandas “distorsionaban y controlaban innecesariamente”.
Sector privado
Por su parte, desde el sector privado, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), consideró “positiva” la novedad.
Indicó que días atrás la entidad le solicitó al secretario de Comercio que se pusiera a fin a esquemas tales como el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica, que, al obligar a las empresas a reportar mensualmente información sobre precios, ventas y stocks, consumía esfuerzos innecesariamente.
“Las firmas, en vez de enfocarse en ofrecer un mejor producto a precios competitivos, dilapidaban recursos humanos y materiales en cumplir con estos requerimientos burocráticos de escasa o nula utilidad”, concluyó Grinman.
La Secretaría de Comercio, conducida por Pablo Lavigne, derogó 69 normas que “obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado”, con el objetivo de “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”.
Mandas
Entre las mandas derogadas figuran el SiFIRE, el sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, el régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la gestión de Alberto Fernández.
También eliminó normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas a través del mega DNU rubricado dictado por el presidente Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Se eliminaron además regímenes informativos de Precios Máximos, Precios Cuidados y toda norma complementaria del programa Precios Justos, que finalizó el 8 de diciembre pasado.
Asimismo, ya no rigen resoluciones del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies.
En un comunicado, Comercio sostuvo que ello apunta a que las políticas en la materia sean impulsadas por los gobiernos provinciales atendiendo a los desafíos de cada economía regional “ayudando de este modo a promover el federalismo real”.
“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, sumó.
Entre las principales medidas suprimidas se encuentran aquellas que obligaban a las entidades bancarias y financieras a informar a la cartera la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares. En tanto, los supermercados ya deberán entregar al Estado lista de precios, además de detalles de presencia de productos en góndola. Por su parte, las prepagas quedaron eximidas de detallar, periódicamente, el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.
En educación se derogaron las normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades privadas.
