ESCUCHAREl 38,4% de los trabajadores del Gran Córdoba está en condiciones de informalidad, 1,9 puntos porcentuales por encima del promedio del país, que sumó el 36,5% de los asalariados en el segundo semestre de este año.
Asimismo, la cifra fue 1,6 puntos superior a la media regional (Pampeana) que registró un 36,8% de empleo “en negro”.
Los datos surgen del Indicador Socioeconómico que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
De esta manera, el nivel de informalidad entre los trabajadores del Gran Córdoba descendió un 6,34% respecto de igual trimestre de 2007, período en el que se registró un 41% de los asalariados “en negro”.
Así, en el segundo trimestre de este año, el 74,5% de los trabajadores se desempeñaba en la “legalidad”, mientras que en igual período de 2007, esa porción de población significaba el 73,5%.
En todo el país
El trabajo informal a nivel nacional bajó al 36,5% de los asalariados en el segundo trimestre de este año, contra el 40,4% de abril-junio del 2007.
Esta baja se dio en momentos en que la desocupación también retrocedió del 8,5% de mediados de 2007, al 8% a fines del segundo trimestre de este año.
El registro de la dependencia oficial dio cuenta que el promedio del trabajo informal se situó en el 51,4% en Santiago del Estero; 50,6% en Jujuy; 49,3% en el Gran Tucumán, promediando el 48,4% en Noroeste Argentino (51,1% el índice anterior) y el 49,2% en San Luis.
En la región Noreste, el empleo informal promedió el 41,2%, (43,7% anterior) con máximos del 43,8% en Posadas, y 42,1% en Resistencia.
Las regiones con menor tasa de empleo informal fueron la Patagónica con el 23,2%; la Pampeana con el 36,8%; Gran Buenos Aires, 34,7% y Cuyo con el 39,8%.
La semana pasada, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, había dicho que “a pesar de las turbulencias externas y de algunos tironeos internos, la creación de empleo se mantiene como en 2007 y 2006”.
“Por eso reafirmamos, que así como trabajamos por la cantidad, lo hacemos por la calidad”, había afirmado el funcionario y destacado que en el país “hay un problema de acceso de los jóvenes a su primer empleo”, pero también “inconvenientes de calidad como el empleo en negro, el manejo de horarios, los francos compensatorios”, entre otros.
“Queremos combatir estas situaciones porque creemos que el Estado tiene una responsabilidad y la primera es la empleadora, porque quienes cometen la primera infracción son los que no están de acuerdo con cumplir con las normas”, había sintetizado.
