ESCUCHAREl proyecto de adhesión al Régimen de Reparación Federal, anticipado por Comercio y Justicia, apunta a acordar deudas y acreencias con el Gobierno nacional. La idea es ahora negociar un paquete de reclamos que, para Córdoba, superan un billón de pesos, entre la Caja y obras impagas. Las partes tendrán 60 días para conciliar posiciones. ¿Cuál será la estrategia de Llaryora?
El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el proyecto de Ley que propicia la participación de la Provincia de Córdoba en el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” creado por decreto nacional N°969/2024.
La decisión, anticipada el viernes pasado por Comercio y Justicia, fue confirmada ayer por el propio Ejecutivo en un comunicado.
“La normativa enviada a la Unicameral facultará al Gobernador para que, en el marco de dicho régimen, lleve a cabo las acciones necesarias y convenientes en beneficio de los intereses de la Provincia, respecto de las acreencias y/o deudas cuya titularidad ostente y que disponga incluir en la negociación que conlleva participar del régimen de compensación de obligaciones recíprocas”, indica.
En el documento, recuerdan que el régimen, creado por el Gobierno del presidente Javier Milei, permite que el Estado nacional ceda tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar deudas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Así, quienes adhieran a esta medida podrán “acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes”, según señala expresamente el decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
La adhesión al Decreto se votará el jueves próximo, según confirmó a Comercio y Justicia el legislador oficialista Miguel Siciliano.
Para aprobar la iniciativa, el oficialismo deberá contar con los dos tercios de los votos, toda vez que se trata de un proyecto que se debatirá sobre tablas.
El plazo límite para adherir al régimen vence el viernes próximo, tal como anticipó este medio.
La negociación
Según establece el decreto nacional, las provincias como la CABA tendrán un plazo de 30 días para manifestar su voluntad de participar al tiempo que los distritos interesados “tendrán un plazo máximo de 60 días para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en este sistema de compensaciones”.
Según anticipó Comercio y Justicia, el gobernador Martín Llaryora y su equipo ya vienen negociando desde hace tiempo con la Nación respecto a diferentes temas que forman parte de los reclamos ya crónicos de Córdoba, la mayoría de los cuales fueron judicializados durante la gestión de Juan Schiaretti, por medio de la Corte Suprema.
Concretamente, hay dos causas por la deuda que Córdoba le reclama a la Anses por la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones. Además, hay otra demanda por obras impagas de la Nación generadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Por el lado de la Caja y siempre según números de la Provincia, la deuda ya supera los 700 mil millones de pesos. En tanto, por el tema obras, la demanda fue por 210 millones de dólares.
No son los únicos reclamos. Los otros tienen que ver con la falta de envíos de fondos, por ejemplo, vinculados a Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En cuanto a las acreencias de la Nación con Córdoba, no superan mil millones de pesos por un remanente de un pasivo que ya lleva más de una década.
Flexibilidad
Aunque nadie quiere arriesgar la estrategia a seguir por parte de Llaryora, está claro que, como en toda negociación, el gobernador debería estar dispuesto a ceder en parte de sus pretensiones para poder cerrar un acuerdo.
Sucede que las opciones no son muchas. Milei no está dispuesto a retomar los envíos a las cajas previsionales no transferidas, como ya ocurrió este año.
En paralelo, tampoco hay alguna previsión respecto a una decisión de la Corte Suprema que permita contar con los recursos reclamados. En rigor, el trascendido era que el máximo tribunal citaría a las partes a una audiencia de conciliación antes de fin de año. Esa chance parece hoy prácticamente caída.
Además, un fallo de la Corte no tiene plazos y podría demorar años.
En ese contexto, la única opción de Llaryora a esta altura es intentar negociar con Milei a través del paraguas del régimen creado por el propio libertario.
En esa línea, una posibilidad sería que el Gobierno acepte reconocer una parte del reclamo de Córdoba, por ejemplo 300 mil millones de pesos, por citar una cifra al azar.
Si fuese así, habría que ver cómo se cancelaría esa deuda, incluyendo plazos o formas de pago.
También están en juego terrenos de la Nación en Córdoba.
Párrafo aparte para la situación de Fadea que también Milei quiere incluir en la negociación, según lo confirmó el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Si bien a Llaryora le interesa hacerse cargo de la Fábrica Argentina de Aviones y que la maneje el sector privado, en realidad no quiere incluirla en el marco de la negociación por el régimen en cuestión.
