ESCUCHAREl pasado viernes 4 el Poder Ejecutivo publicó el decreto 728/22 en el Boletín Oficial, en el cual se les brinda a las cooperativas a cargo de los movimientos sociales “el otorgamiento del 30 % de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones ($300.000.000), monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación”. Sin embargo, no todos los sectores se mostraron a favor de la medida.
En ese sentido, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) emitió un comunicado de prensa rechazándolo “enfáticamente”; afirmó que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
Gustavo Weiss, titular de la entidad, explicó que en la industria de la construcción hay 20.000 empresas registradas que cumplen con todas las normativas y, por lo tanto, compiten en desigualdad de condiciones con las cooperativas”. “Las cooperativas no pagan cargas sociales por lo que tienen una ventaja en el precio de entre 42% y 45% al licitar por una obra pública”, recalcó.
Por otro lado, tanto Weiss como la cámara ratificaron la idea de terminar con los planes sociales y cambiarlos por programas de empleo. Igualmente, aseveraron que “es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, íntegra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”.
“Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”, resaltaron.
Camarco enfatizó que “esos ‘trabajadores-pseudo cooperativistas’ pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo”.
Weiss se refirió a la posibilidad de plantear esta problemática al Gobierno y contó que “todavía no se pudo dialogar con ningún funcionario”, pero sí confirmó que ya se comenzaron a pedir reuniones para encontrar una solución favorable para todas las partes.
