ESCUCHAREl Ejecutivo provincial estimó que, de generalizarse la postura adoptada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con relación al fallo en el caso Bossio, Ema Esther c/Caja de Jubilaciones que fijó criterio restrictivo respecto del pago con bonos para haberes superiores a los seis mil pesos, la Provincia podría dejar de girar fondos del Tesoro para cubrir el rojo del organismo previsional por un monto de unos $100 millones.
El dato, anticipado a Comercio y Justicia por fuentes oficiales, surgió a partir de un primer análisis sobre los efectos del pronunciamiento del máximo tribunal y en función de una eventual generalización del criterio en el corto plazo en las más de 4.900 cautelares que hoy permiten a otros tantos jubilados y pensionados ,que perciben haberes superiores a los seis mil pesos, evitar el recorte y cobrar en efectivo.
De todas formas, fuentes de Fiscalía de Estado advirtieron que la postura del máximo tribunal podría no ser adoptada en lo inmediato por los jueces de primera instancia o por la instancia superior (eludiendo el criterio de economía procesal) por lo que resulta difícil estimar un plazo para que las cautelares desemboquen en el criterio del TSJ.
Asimismo, el fallo deja abierta la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que modifique la ley de Emergencia en línea con lo dispuesto por el tribunal.
Más allá del análisis fino respecto de cada caso en particular, la interpretación desde la Provincia resulta ciertamente lógica aunque aún muy poco precisa con relación a los montos involucrados. Con todo, permite una primera aproximación a las consecuencias financieras para la Caja y, por cierto, para la Provincia.
Según el análisis, en teoría, la Caja debería pagar en bonos 174 millones anuales a un total de 7.650 pasivos. No obstante, a raíz de las medidas cautelares presentadas, hoy sólo cobran parte de sus beneficios en títulos 2.720 jubilados y pensionados. Otros 4.940 amparistas lo perciben en efectivo.
En la práctica esa situación implica que de los $174 millones que deberían pagarse en títulos, sólo se abonen $32 millones.
Según el criterio del TSJ en el caso Bossio, la Caja podría pagar en títulos el tramo de la jubilación que exceda 82% del salario “líquido” del activo.
Con esa interpretación, el porcentaje de quita en los haberes que hoy se paga con bonos pasaría, de ser 20 por ciento promedio (la ley actual fija 22%, 25% y 27% según la escala de salarios pero con un piso de seis mil pesos en efectivo), a un 15% promedio.
Esa reducción de 25% en el índice promedio a ser aplicado sobre los haberes para el pago con bonos, tendría un impacto de unos 43,5 millones. Es decir, de los teóricos 174 millones anuales a ser pagados con títulos, la Caja sólo podría abonar 130,5 millones, esto es 25% menos, siempre a partir de extrapolar los alcances del fallo del TSJ a la situación en general.
Pero lo que surge como pérdida desde ese punto de vista, aparece como ganancia desde el otro extremo.
Es que hoy, en la práctica y a raíz de las 4.940 cautelares, la Caja sólo abona $32 millones anuales en bonos. Desde esa perspectiva, la generalización del fallo del TSJ permitiría al organismo previsional triplicar o hasta cuadriplicar el monto de pago con títulos.
La alternativa implicaría que la Provincia dejaría de aportar ese monto para cubrir el rojo de la Caja con fondos del Tesoro.
