El jefe de Gabinete rectificó su negativa original y reconoció ante Diputados que existen pasivos con las cajas provinciales no transferidas. Sin embargo, en su informe ante la Cámara Baja, consideró que es un tema a resolver que “no será inmediato”. También insistió en que las auditorías de Anses determinarán los pagos a cada organismo, interrumpidos desde 2024. Así, las expectativas para Llaryora son sombrías
El Gobierno nacional ahora admitió que existen deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas, pasivos que, sin embargo, no se regularizarán en el corto plazo.
La afirmación llegó por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ayer en el Congreso. El funcionario se desdijo así de la respuesta por escrito que había enviado previamente a su exposición ante una pregunta del legislador por Córdoba Oscar Agost Carreño.
La negativa de que existieran deudas fue textualmente reflejada ayer por Comercio y Justicia.
Sin embargo, ahora Francos reconoció que hay compromisos pendientes y llamó a buscar un acuerdo para resolverlos, aunque aclaró que no será inmediato.
Fue ante una nueva requisitoria del diputado de Encuentro Federal y titular del PRO de Córdoba.
Ahora en el recinto, Francos reconoció que “es una deuda pendiente con algunas provincias de significación” y que “también está pendiente el tema de las auditorías”, aunque no profundizó sobre el estado de las mismas.
El ministro coordinador recordó que, como ministro del Interior, conversó con gobernadores y ministros de Economía sobre la cuestión y que “todos plantean que las auditorías no responden exactamente a lo que reclaman las provincias”.
“Trataremos de ver de qué manera puede cumplirse con las deudas generadas años atrás, y que hoy, según las provincias, son sumas que el Gobierno no tiene posibilidades de afrontar inmediatamente”, señaló, y agregó: “Habrá que buscar la forma de manejar los stocks pendientes y ver cómo podemos ponernos de acuerdo en el mes a mes para comenzar a solucionarlo”, dijo.
En su informe escrito, Francos había asegurado, vía Ministerio de Capital Humano, que “la Anses no mantiene deuda alguna con las provincias” por este concepto, a pesar de que Córdoba demanda casi $450.000 millones y parte de ese reclamo se encuentra ya en la Corte Suprema de Justicia.
Auditorías
El jefe de Gabinete explicó que la Anses está abocada a recabar información de las provincias para realizar “simulaciones”, y recién luego realizarán las auditorías “a los efectos de corroborar la razonabilidad y veracidad de la información remitida en carácter de declaración jurada y, de esa forma, poder arribar a un resultado definitivo y fehaciente”.
“Toda aquella deuda que se determine de manera fehaciente, y sobre la cual se llegue a un acuerdo con la provincia pertinente, será honrada en su debido momento, teniendo en cuenta las posibilidades fiscales y presupuestarias del caso”, respondió Francos a la pregunta número 139.
En realidad, la Provincia no tiene mayores expectativas de que la Nación vaya a reactivar los envíos mensuales a la Caja para cubrir parte del déficit previsional.
De hecho, fuentes del Centro Cívico aseguran que el tema de las auditorías es una dilación más. “Nosotros ya mandamos todos los números, acá el problema es político”, resumió un informante.
Como fuere, sin un horizonte optimista en la materia y esperando la letra del proyecto de Presupuesto 2025 que ingresará en 10 días a Diputados, la administración de Martín Llaryora está resignada a conocer el texto de la iniciativa respecto a las cajas no transferidas y, en paralelo, a un fallo de la Corte Suprema que no parece ser una salida de pronta resolución.
Mientras tanto, el rojo de la Caja ya roza los 20 mil millones de pesos mensuales, un frente que genera obvia preocupación en el Ejecutivo.