La empresa constructora Britos SA aseguró “que durante la actual gestión del Gobierno Provincial no ha participado en ninguna licitación pública ni privada, ni ha celebrado ningún convenio como contratista de obra pública con la Provincia de Córdoba” al tiempo que negó “terminantemente haber ejercido conductas indebidas” en el marco de una trayectoria de 75 años.
En ese marco, la compañía admitió que entre sus accionistas figuran Horacio Miró y Walter Poplawski, además de Mauro César Britos.
El comunicado emitido ayer por la empresa se produce como consecuencia de la polémica cámara oculta conocida días atrás y en la que aparece el ahora ex titular de Kolektor, Hermann Karsten, y el periodista Tomás Méndez. En esas imágenes tomadas por el propio Méndez, Karsten “negocia” una eventual pauta publicitaria o aporte, entre otros de la empresa Britos, para evitar que el periodísta del programa ADN “golpeara” a Horacio Miró, entre otros.
Las imágenes que, según Méndez, le fueron robadas, fueron difundidas por el abogado Marcelo Touriño, defensor del fiscal Emilio Drazile. Ese funcionario, que tuvo a su cargo la causa por la muerte del policía Juan Alós, fue duramente cuestionado por el conductor de ADN en numerosos informes.
Las declaraciones de Karsten hicieron insostenible su continuidad al frente de la empresa Kolektor y derivaron en su renuncia el viernes último.
En tanto, el gobierno provincial emitió el domingo un comunicado en el que deslindó responsabilidades respecto a las opiniones o declaraciones que realicen directivos de empresas contratistas de la Provincia. Con todo, advirtió que le rescindirá el contrato a Kolektor si la Justicia determina que cometió delito por el supuesto ofrecimiento de coima a un periodista televisivo.
Britos se defiende
La saga continuó ayer con el comunicado de la empresa Britos.
El documento señala que, “ante la difusión por medios de comunicación de la presunta existencia de conductas reñidas con la ética empresaria (…), los accionistas de la misma Mauro César Britos, Horacio Miró y Walter Poplawski, entienden que es un deber informar que la Empresa niega terminantemente haber ejercido conductas indebidas (…) aportando al desarrollo de la infraestructura de la Provincia de Córdoba y de todo el País”.
“Por todo ello, desestima las injustas, difamatorias e infundadas versiones difundidas que afectan el buen nombre, la trayectoria y el prestigio de la empresa. A todo efecto informa que durante la actual gestión de Gobierno Provincial no ha participado en ninguna licitación pública ni privada, ni ha celebrado ningún convenio como contratista de obra pública con la Provincia de Córdoba.”
La firma salió incluso a aclarar que la obra de ampliación del Camino de Altas Cumbres fue licitada en 2010 y fue adjudicada a la UTE que encabeza José J. Chediack pero que también integra Britos. La empresa aseguró que esa obra se financia con recursos nacionales.
Con todo, la licitación fue realizada por la Provincia.
“Asimismo se destaca que la Empresa jamás ha contratado pauta alguna, publicidad ni asesoramiento con periodistas o medios de comunicación. Por ultimo expresa su absoluta disponibilidad para colaborar con la Justicia y brindar la información que se le requiera a fin de aportar claridad y celeridad en las investigaciones que se llevan a cabo”.
La compañía había resultado adjudicataria de la licitación para la construcción de los gasoductos troncales por mas de 250 millones de dólares, en UTE con la brasileña Andrade Gutierrez y con Iecsa. No obstante, la empresa resolvió abrirse del negocio, en un dato que informó oportunamente este medio.
En cuanto a los accionistas, Miró fue titular del Organismo de Coordinación, Programación de la Inversión y Financiamiento (OCPIF) durante la primera gestión de De la Sota. Ese organismo, que luego pasó a llamarse ACIF, se encarga de tramitar financiamiento externo para obras públicas, entre otros objetivos.
También por esa dependencia pasó María del Carmen Poplawski, hermana de Walter, accionista de Britos.
Amplian denuncia
En tanto, legisladores de bloques opositores buscarán hoy profundizar las denuncias efectuadas la semana pasada por el caso y solicitarán al Fiscal Anticorrupción, entre otros puntos, que se allanen oficinas de Britos y del Ministerio de Infraestructura.