El Gobierno nacional habilitó la posibilidad de que los bienes muebles del Estado se subasten o vendan a través de plataformas electrónicas privadas.
La medida –que se implementó mediante el Decreto 195/2025– amplia las herramientas disponibles para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oferte.
De esta manera, la venta se podrá efectuar tanto a través de plataformas electrónicas públicas como privadas. En el caso de que se opte por esta última opción, la AABE deberá llevar a cabo una licitación pública.
Al respecto, la normativa precisa que se realizará “a los fines de convocar a aquellas plataformas electrónicas privadas que se encuentren interesadas en prestar los servicios de organización, gestión y realización de subastas electrónicas y/o intermediación comercial para la enajenación de bienes muebles propiedad de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional”.
Entre las modificaciones, también se autoriza a cada dependencia estatal a fijar el valor base de la subasta o del bien en cuestión utilizando como referencias indicadores especializados de mercado.
En este punto, el texto oficial especifica: “El valor base de las subastas y/o el precio final del bien, según fuera el caso, serán fijados por el servicio administrativo financiero correspondiente a la jurisdicción propietaria, el cual deberá emplear indicadores de mercado provenientes de fuentes reconocidas, como publicaciones especializadas, revistas del sector o bases de datos de precios del mercado privado”.
Al fundamentar la medida, el Ejecutivo expresó que “con el objetivo de optimizar y agilizar las modalidades de disposición de bienes muebles y semovientes estatales” es necesario impulsar una serie de modificaciones, fortaleciendo los principios de transparencia y publicidad en los procedimientos de enajenación e incorporando herramientas tecnológicas y mecanismos que promuevan una mayor concurrencia de oferentes y la optimización de los procesos.
Asimismo, remarcó: “Las modificaciones que se propician optimizarán la disposición de bienes muebles, sean o no registrables, del Estado Nacional, con el fin de garantizar una gestión más eficiente y transparente”.
Además, puntualizó que las disposiciones se enmarcan en las mejores prácticas internacionales y en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del proceso de adhesión del país al organismo, y sostuvo que permitirán ampliar los medios disponibles para la realización de ventas, subastas y tasaciones, adaptando la normativa vigente a los estándares internacionales de gestión de bienes públicos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la iniciativa en su cuenta de X. Aseguró que “resuelve un cuello de botella” en el proceso de reestructuración del Estado; es decir, la venta de bienes muebles en desuso, trabada “por exigencias burocráticas que encarecían y demoraban el proceso”.
Al respaldar el ingreso de privados para la operatoria, dijo que con el modelo previo la reglamentación limitaba la venta de bienes muebles a la plataforma electrónica del Estado, que es “poco conocida” y sin muchos oferentes.
En relación a la tardanza para efectivizar las transacciones, expuso que con la recarga de trabajo del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), los autos, por ejemplo, podían demorar meses en ser tasados, con la consecuente depreciación y costos de mantenimiento.